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Garantías a los trabajadores españoles en la Comunidad desde la firma de la adhesión

Andrés Ortega

Los españoles emigrantes que ya se encuentran trabajando en la CEE no se verán perjudicados por ninguna nueva medida de restricción al trabajo o a la immigración desde el momento en que España y la CEE fimen el tratado de adhesión. Esta es la fórmula de compromiso -adoptada por los Estados miembros de la CEE pero no por la Comunidad en sí- que se presentará a España mañana viernes con ocasión de la sesión de negociación a nivel de suplentes.

En esta sesión, la CEE presentará una declaración sobre asuntos sociales que sugiere un período de transición de siete años, desde la adhesión, para la libre circulación de trabajadores. España rechaza en principio cualquier período transitorio, por lo cual la negociación, cuando se produzca, será dificil y espinosa. El documento deja al margen el caso de Luxemburgo, que ha pedido un período de transición de 10 años para lo que le afecta, al igual que el de Portugal.Por una fórmula de compromiso, los Estados miembros se comprometen a partir de la fecha de la, firma del tratato de adhesión -y no de la adhesión en sí que vendrá tras la ratificación del tratado- a que los españoles que se encuentran en la CEE no vean detériorada su situación, es decir, que cualquier nueva medida negativa contra los trabajadores immigrantes no les afectará. España venía solicitando esta medida desde hace tiempo y quería que su aplicación fuera inmediata, pero, según fuentes diplomáticas, la posible proximidad del fin de la negociación les ha hecho renunciar a este objetivo.El período de transición total para este capítulo de asuntos sociales, según la CEE, ha de ser de siete años, pero reducido a cinco para la reagrupación familiar total. En un primer período, reducido después a 18 meses, los hijos de emigrantes que quieran acceder al mercado de trabajo deberán llevar tres años de residencia con sus padres. El documento deja para más adelante la cuestión de las prestaciones familiares de la seguridad social -si se pagan en el país de origen o en el de residencia-, ya que no existe una uniformidad en esta cuestión dentro de la propia Comunidad.

En pfincipio, esta sesión,de negociación no iba a tener lugar, pero la declaración sobre asuntos sociales la ha precipitado. España presentará un documento sobre relaciones exteriores (listas de productos para los países de la Convención de Lomé y preferencias generalizadas a los países terceros del Mediterráneo) y la CEE por su parte añadirá, en el capítulo de unión aduanera, una declaración sobre admisión temporal de productos.

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