La parálisis y confusión del Gobierno foral se agrava con la vuelta de Del Burgo a la presidencia de la Diputación

La decisión de reponer a Jaime Ignacio del Burgo como presidente en funciones de la Diputación Foral de Navarra (Gobierno de esta comunidad) y la consiguiente destitución de Juan Manuel Arza, quien desde su elección en septiembre de 1980 venía desempeñando este puesto, no aporta a Navarra otra cosa que no sea un elemento más en la confusión institucional que, desde hace un año, viene padeciendo. Este deterioro, en opinión de Arza, podría haberse evitado si la actuación de los partidos políticos representados en el Parlamento de Navarra, elegido el pasado mes de mayo, no hubieran obstaculizado la elección del nuevo presidente del ejecutivo autónomo, cargo que se disputan UPN y PSOE.

Hasta en tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre quién ha de presidir el Gobierno de Navarra, esta comunidad se encuentra regida por una diputación en funciones, elegida en 1979 y de la que tan sólo quedan cuatro de sus siete miembros, ya que el resto ha dimitido de sus puestos.La resolución del Tribunal Supremo en la que se obligaba a reponer a Jaime Ignacio del Burgo en la presidencia de la diputación navarra a sus propios compañeros de corporación, quienes, precisamente en abril de 1980, lo apartaron del cargo por una supuesta malversación de fondos, ha venido a deteriorar aún más, si cabe, la precaria situación por la que atraviesan las instituciones de esta comunidad. Instituciones que se encuentran totalmente paralizadas desde hace casi un año, como consecuencia de la no formación del nuevo Gobierno de Navarra, por las discrepancias existentes entre los grupos mayoritarios -PSOE y UPN- en la interpretación de la ley del Amejoramiento del Fuero y, en concreto, en el apartado de la nominación del presidente del Ejecutivo navarro.

Este retraso en la constitución del Gobierno de Navarra que tendría que haber sido elegido tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo se ha producido porque ningún partido político obtuvo en estos comicios la mayoría suficiente para poder gobernar en solitario y al no llegarse tampoco a un acuerdo de coalición entre las fuerzas políticas. Otro factor esencial en este retraso fue la decisión adoptada por el presidente del Parlamento de Navarra, Balbino Bados, de nominar a José Ángel Zubiaur -candidato de su mismo partido (UPN) y que ya fuera rechazado en la sesión de investidura- a la presidencia del Ejecutivo navarro, lo que fue rápidamente impugnado ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de la nación.

Hasta tanto el máximo órgano judicial no se pronuncie sobre a quién corresponde la presidencia del Gobierno de Navarra -si al PSOE, que obtuvo 20 parlamentarios, frente a 13 UPN, o bien a este último partido, que fue el único que presentó un candidato- no se resolverá esta anómala situación. Mientras, Del Burgo, pese a la oposición de sus tres compañeros de corporación, ejercerá provisionalmente sus funciones como presidente de la actual diputación, elegida en 1979 y de la que sólo quedan cuatro de sus siete miembros. Los tres restantes, entre los que se encuentra Ángel Lasunción, artífice de la reforma de la hacienda navarra, dimitieron hace meses de sus cargos, reincorporándose a sus actividades privadas.

Asuntos de trámite

Los cuatro diputados que aún permanecen en el cargo únicamente se limitan a resolver asuntos de puro trámite, hallándose en sus puestos, según han comentado en repetidas ocasiones, desmoralizados y pesimistas y con muy pocas ganas de continuar. Una de estas cuatro personas, el socialista Jesús Malón, responsable de los departamento de Educación y Cultura y Transportes y Comunicaciones, reparte su tiempo entre Pamplona y Madrid, ya que también es diputado al Congreso por Navarra. Jaime Ignacio del Burgo, nuevo presidente de la diputación, desempeña también la vicepresidencia del Parlamento de Navarra y es igualmente responsable de los departamentos de Obras Públicas, Industria y Urbanismo y Sanidad. Pedro Sánchez de Muniaín se encuentra al frente de la Hacienda de Navarra y del departamento de Agricultura, Ganadería y Montes. Juan Manuel Arza, por su parte, se ocupa únicamente de la administración municipal.La debilidad institucional en que se encuentra la diputación frente al parlamento origina, por otra parte, que sus componentes no adopten decisiones que puedan hipotecar al futuro Gobierno, a poco problemáticas que sean éstas. Temas tan cruciales para Navarra como la elaboración del nuevo reglamento para la Policía Foral, la negociación del nuevo convenio con el Estado, esperan una pronta resolución que, sin embargo, se antoja lejana. A estos problemas se une la falta de un programa capaz de relarizar la actividad económica y de disminuir el paro en una re,gión que actualmente, supera la cifra de 35.000 desempleados.

Y en esta situación de parálisis administrativa (una idea de la cual la da también el hecho de que departamentos tan esenciales en la diputación como Sanidad, Agricultura y Policía Foral se encuentran sin dirección desde hace meses) se ha producido la sentencia del Supremo en la que se falla que la diputación no tenía facultades legales para destituir a su presidente, con independencia de cuál hubiera sido su actuación. La diputación se ha visto, pues, en la obligación, impuesta por la ley, de reponer a un presidente que no cuenta con la confianza del resto de los diputados. La vuelta de Del Burgo al cargo se ha producido como un acto de acatamiento a la justicia, lo cual no quiere decir que se comparta, acepte y entienda su decisión, como señalaba Pedro Sánchez de Muniaín.

Tampoco deja de ser asombrosa y preocupante la situación que ahora puede darse por obra y gracia de esta sentencia del Tribunal Supremo, ya que si se produce una virtual ausencia del presidente del Parlamento, Jaime Ignacio del Burgo sería simultáneamente presidente de la diputación y del parlamento, dado que es también, tras las elecciones del pasado mes de mayo, vicepresidente primero del legislativo autonómo.