Indiferencia en el País Vasco francés por las detenciones y expulsiones de refugiados

En contraste con las manifestaciones que tuvieron lugar anoche en San Sebastián y en otras localidades guipuzcoanas, en el País Vasco francés no se registraron reacciones a las medidas de confinamiento y expulsión de refugiados establecidas por el Gobierno de ese país. En Bayona, San Juan de Luz y Hendaya, la población parecía más interesada en comentar la detención de los cinco miembros de Iparretarrak que fueron sorprendidos encapuchados, pero sin armas, cuando ofrecían una conferencia de prensa en una furgoneta aparcada en pleno centro de Bayona.

Las informaciones que anunciaban la celebración de plenos municipales para tratar las medidas administrativas contra los refugiados no se vieron confirmadas, y ni siquiera los partidos políticos llegaron a reunirse. Los familiares de algunos de los confinados denunciaron ayer formalmente estas detenciones e iniciaron contactos para convocar una asamblea de refugiados.Ciudadanos franceses relacionados habitualmente con los círculos de refugiados vascos se mostraron sorprendidos por la actitud indiferente con que la población vasca francesa ha acogido, al parecer, la noticia de los confinamientos. La detención de José Antonio Múgica Arregui, presunto dirigente de ETApm-VIII Asamblea, acusado por la policía de formar parte de la dirección de este grupo terrorista, es quizá el único caso que ha despertado una cierta preocupación en círculos franceses de Hendaya. Múgica ha residido en esta localidad desde hace 10 años, y es probablemente uno de los que más se ha relacionado con la población francesa.. El alcalde de Hendaya ha indicado que la detención de este refugiado le ha dejado sumamente perplejo: "Le conozco desde hace muchos años, sus hijos van al colegio con los míos, incluso el propio ayuntamiento trabaja con la imprenta que regenta".

Se sabe que algunos de los refugiados vascos detenidos apuntaron con escopetas a los inspectores de la policía francesa que fueron a detenerles, temiendo que se tratara de activistas de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). La operación policial francesa, dirigida directamente por Alain Tourré -el superpolicía, máximo coordinador de las acciones policiales en el País Vasco francés-, ha puesto de manifiesto que buena parte de los miembros de ETA Militar, y entre ellos sus máximos dirigentes (Antxon Etxebeste, Antxon, y Domingo Iturbe Abasolo, Txomin), cambiaron de domicilio hace varias semanas, coincidiendo con los primeros asesinatos del GAL

'Protección' policial

Algunas detenciones fueron realizadas sin órdenes judiciales, pero en los casos en que los refugiados solicitaron un mandato judicial, la policía lo obtuvo con facilidad en un plazo inferior incluso a los 15 minutos. Los funcionarios policiales, que en la mayoría de los casos no registraron los domicilios, indicaron a los detenidos y a sus familiares que la operación no era otra cosa que la adopción de simples medidas destinadas a garantizar su seguridad fisica, amenazada por la acción de los GAL.Varios de los familiares de confinados manifestaron a este periódico que los inspectores que dirigían las operaciones cotejaron los documentos de las personas que se encontraban en los domicilios con varias listas, en las que figuraban más de 50 nombres. Los refugiados coinciden en la opinión de que esta acción policial puede ser el preludio de un plan calculado dirigido a desalojarles en un plazo medio del País Vasco francés. La redada del martes ha afectado especialmente a ETApm-VIII Asamblea, pero ha supuesto también un aviso importante para ETA Militar, que ha visto a la policía penetrar en decenas de viviendas ocupadas por refugiados que le son afines.

Los argumentos legales esgrimidos por las autoridades policiales han sido distintos según que los detenidos poseyeran o no sus documentos en regla. En el caso de presuntos dirigentes de ETA que disponen de permiso de residencia y hasta de carta de trabajo, las autoridades se han limitado a indicarles que habían sido declarados personas no gratas y que su presencia en el País Vasco francés se consideraba un peligro para el orden público.

Las autoridades francesas hicieron gala de un gran hermetismo ante los medios informativos, y se limitaron a decir que las detenciones han concluido por el momento y que la operación había sido planificada desde el Ministerio del Interior.