4.000 escolares de Burgos, sin clases porque el alcalde no paga gastos de mantenimiento

Unos 4.090 escolares de EGB que cursan sus estudios en cinco colegios públicos de la capital burgalesa, no pudieron reanudar ayer sus clases, tras las vacaciones de Navidad, debido a la ausencia de conserjes que pusiesen en marcha las calefacciones. Esta carencia de personal subalterno se debe a la decisión del alcalde de la ciudad, José María Peña, del Grupo Popular, de no seguir costeando a cargo de los presupuestos municipales el sostenimiento de los centros públicos, que a su juicio deben ser mantenidos por la Administración central.

La decisión del alcalde se basa en un informe de la asesoría jurídica municipal según el cual la ley de 19 de noviembre de 1975 que promulga las bases del estatuto de régimen local exime a los ayuntamiento de estas obligaciones.Estas postura de la primera autoridad municipal, puesta en conocimiento de la dirección provincial del ministerio de Educación y Ciencia (MEC) a mediados del Pasado año, está en contradicción, según el delegado del MEC, Rafael Moreno, con la vigente ley de Educación, que estipula claramente la obligatoriedad de los ayuntamientos de correr con los gastos de mantenimiento de los centros públicos, lo que por otra parte siguen cumpliendo todos los municipios españoles.

No obstante, y ante la posibilidad de que existiese una contradicción entre ambas leyes, la abogacía del Estado instó reiteradamente al ayuntamiento a que aportase un acto administrativo o corporativo sobre el que basa su decisión para poder recurrir ante el contencioso administrativo y que sean los jueces quienes decidan a qué organismo debe corresponder ese sostenimiento.

El alcalde mantiene que la ayuda es voluntaria

Este acto administrativo, pedido asimismo por los concejales socialistas que solicitaron el estudio del tema en un pleno extraordinario, no se llegó a producir, ya que el alcalde manifestó que no era necesario puesto que el sostenimiento que el ayúntamiento venía haciendo de los colegios era algo voluntario y graciable que se podía suspender sin ningún acuerdo, lo que finalmente se ha llevado a cabo al rescindir los contratos del personal subalterno que caducaban el pasado 31 de diciembre.De momento la medida ha afectado a estos cinco centros, pero podría alcanzar a los 11 restantes si el alcalde cumple su propósito de retirar de los colegios a otros 20 conserjes que son funcionarios municipales. En caso de que llegase a producirse esto, la población infantil afectada por la medida sería de 12.000 escolares.

Sin acuerdo con el ministerio

La postura mantenida por la Abogacía del Estado para arreglar la situación es que el ayuntamiento presente el acto administrativo y, mientras los jueces dictaminan su sentencia, siguiese cubriendo el pago de los conserjes, cuyos costos serían devueltos por la Administración al ayuntamiento si la sentencia fuese desfavorable a la postura del Ministerio de Educación.Esta propuesta parece que fue inicialmente aceptada por el ayuntamiento, sibien se solicitó de la Administración central la firma de un compromiso sobre ese pago, lo que el gobierno civil consideró improcedente.

Mientras tanto, el hecho es que cinco colegios no han podido iniciar sus clases y la federación de asociaciones de padres de alumnos ha manifestado su preocupación por esta situación alarmante de la que se sienten desinformados y perjudicados, ya que a su juicio se trata de un enfrentamiento político entre Gobierno central y ayuntamiento que ha derivado "en un tema escolar y en unos niños que no tienen nada que ver".