Asesinatos en Madrid

EL ASESINATO en Madrid de José Ángel Requena Duarte y Marcelino Clemente Vaquero, miembros de la Policía Nacional, abre 1984 con un acto de barbarie terrorista que ha llevado el luto y el dolor a dos familias españolas y que ha castigado a las fuerzas de orden público con una nueva agresión. El crimen perpetrado en el Camino Viejo de Leganés pone de relieve la insensibilidad de los componentes de las bandas armadas y su inaudita doblez para exigir del Estado de derecho la garantía de unos derechos humanos que ellos ignoran, desprecian y conculcan al arrebatar la vida a sus víctimas. Y sin embargo, los principios sobre los que descansa la convivencia de los pueblos civilizados obligan -jurídica, moral y políticamente- a que la acción del Gobierno, de los tribunales y de la sociedad para detener, juzgar y condenar a esos asesinos liberticidas no traspase las fronteras que las leyes delimitan y no se coloree con la emoción de la venganza.Sabemos que estos enunciados no resultan siempre fáciles de asumir cuando se derrama sangre inocente y cuando los miembros de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad son elegidos como blancos preferentes -aunque no únicos- de la furia asesina. Los poderosos resortes de un Estado moderno, que permiten realizar en los hechos acciones teóricamente vedadas por las normas a sus titulares, ofrecen la tentación de una utilización irrestricta de sus posibilidades. Pero, contra lo que algunos suponen, la ética y la política no entran en colisión a la hora de afirmar que los límites al poder establecidos por la Constitución, en especial el amparo de los derechos, libertades y garantías de todos los ciudadanos (sustancialmente recortados, pero no suprimidos, para los peores delincuentes), fortalecen a la larga la autoridad del Estado y fundamentan el orden público sobre bases indestructibles que ni las bandas terroristas ni las provocaciones pueden llegar a socavar.

No existe todavía -en el momento de escribir este comentario- plena certeza sobre la autoría de este crimen salvaje y absurdo. La sola hipótesis de que los tristemente célebres Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) sean la organización responsable de los asesinatos siembra el desconcierto y da pábulo a la desmoralización. Algo hay que funciona mal, o que simplemente no funciona, en nuestros servicios de información, instrumento básico para un Estado desafiado desde hace varios años por diferentes bandas terroristas. En nuestra historia reciente hay algunos ejemplos nada aleccionadores sobre la forma de trabajar de algunos centros de inteligencia, que confunden la autonomía funcional con la soberanía institucional. Desgraciadamente, los datos disponibles hacen temer que el, año transcurrido desde la llegada al poder del Gobierno socialista no ha sido utilizado para colmar las enormes lagunas existentes en esta delicada zona del aparato estatal. La buena voluntad no basta para llevar a cabo la urgente tarea de coordinar y controlar unos servicios de información posiblemente demasiado numerosos, tal vez enfrentados entre Sí en absurdas guerras tribales y quizá dedicados a labores por completo ajenas a la defensa de la seguridad del Estado. Nadie puede impedir la acción de un asesino aislado que elige a su víctima arbitrariamente y dispara en solitario su arma de fuego. Pero el terrorismo es una variante del crimen organizado que requiere una costosa infraestructura, que maneja abundantes recursos y que adquiere su arsenal mortífero en el mercado negro internacional. Las actuaciones preventivas contra esas bandas son posibles y operativas. Por esa razón, sólo cuando la eficacia del aparato policial, cuyo muelle real son los servicios de información, desmantele preventivamente esas redes podrá el terrorismo convertirse simplemente en un mal recuerdo para los españoles. Y ese objetivo necesita una acción firme y decidida del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensá y del Gobierno entero.

En su programa electoral, el PSOE denunciaba que "la infrautilización de la policía, la dispersión de sus medios y la desorganización explican el escaso rendimiento que se obtiene en relación con el costo de nuestro aparato policial, que alcanza la tasa mayor de Europa (un policía por 240 habitantes), y obligan a las personas, a multiplicar los esfuerzos". Los socialistas prometían que su Gobierno abordaría "con rigor la racionalización de las estructuras policiales, subordinando los intereses de los cuerpos de seguridad al interés general de la sociedad, que reclama mayor eficacia policial con menor riesgo para las libertades individuales y colectivas". Según el programa del PSOE, la reforma de la administración policial se orientaría hacia la necesaria especialización de las diferentes policías" y su "adecuada coordinación" a través del Ministerio del Interior. Mientras el reforzamiento de la dependencia de la Guardia Civil del Ministerio del Interior marcharía en paralelo con el estudio de su reforma "en función de las realidades sociales", y en tanto que se confiaría a los policías de uniforme "la prevención del delito y la presencia en la calle", los policías de paisano se ocuparían "fundamentalmente de la investigaci6n del delito" y asumirían funciones "referentes al crimen organizado y el terrorismo". No parece que las cosas hayan caminado por esas vías durante los últimos 12 meses, salpicados de roces y conflictos a los que no han sido ajenas las tensiones internas dentro del Ministerio del Interior. Pero todavía estamos a tiempo de que un replanteamiento de la administración policial según el diagnóstico formulado hace un año por el programa del PSOE permita al Estado mejorar sustancialmente los rendimientos de los servicios de información, a través de su control, racionalización y coordinación, y disponer de ese indispensable instrumento para combatir eficazmente a las bandas armadas.