Polémica en Italia sobre el control de fondos para evitar el pago de rescate a secuestradores

La liberación en la Nochebuena de Anna Bulgari-Calissoni y su hijo Giorgio, miembros de una rica familia de joyeros, ha puesto fin a uno de los secuestros que más han conmocionado a la opinión pública italiana y ha vuelto a poner sobre el tapete la cuestión de la conveniencia o no conveniencia de bloquear los fondos de los familiares de los secuestrados para impedir que se hagan efectivos los rescates.

El final feliz del caso Bulgari ha llegado cuando el dramatismo había llegado a su máximo punto, a los cinco días de que los delincuentes que tenían en su poder a madre e hijo hicieran llegar a la familia -como macabra prueba de sus intenciones y para acelerar las negociaciones-, una oreja de este último, de 17 años de edad, junto a la amenaza de dar muerte a ambos si la cantidad exigida no era entregada de forma inmediata. La fotografía de ambos, dramática y expresiva de las difíciles circunstancias en que se desarrollaba su cautiverio, aumentó aún más la angustia. Los mejores especialistas médicos intentarán ahora reimplantar al joven Giorgio la oreja cortada, para lo que pueden ser necesarias varias operaciones quirúrgicas.Según fuentes no oficiales, la cantidad pagada se ha acercado a los 400 millones de pesetas, y, de acuerdo con la Radio Nacional Italiana, fue entregada en la región de Toscana, al norte de Roma. Se ha desmentido que se diera orden terminante de intentar impedir el pago del rescate, si bien se dictó una providencia de bloqueo blando, destinada a seguir en la medida de lo posible la pista del dinero.

En los últimos años, la industria del secuestro se ha cobrado 606 víctimas, 50 de las cuales han resultado muertas y muchas otras aún hoy se dan por desaparecidas.

4.000 millones

Todo esto ha vuelto a replantear el tema de si sería más eficaz o no el bloqueo de los bienes de las familias de los secuestrados para, de este modo, desalentar esta industria del crimen, que hoy es en Italia la segunda, después del tráfico de la droga, informa el corresponsal de EL PAIS Juan Arias. Sólo el año pasado se calcula que fueron pagados en rescates casi 4.000 millones de pesetas. Pero se trata, en realidad, de cifras irreales, porque en la mayoría de los casos las familias no revelan la verdad de lo entregado a los secuestradores.Y sobre el tema de una ley que prohíba tajantemente pagar un rescate se han dividido tanto las fuerzas políticas como los mis mos magistrados. Hasta el momento, cada magistrado puede facultativamente ordenar el bloqueo de los bienes de la familia de la víctima.

El primero que no está convencido, sin embargo, de la eficacia de esta medida es el mismo ministro de Justicia, Nino Martinazzoli, quien se plantea, sin embargo, el problema de que si debe existir una ley debe ser para todos y deberá cumplirse sin que después motivos sentimentales lleven a la gente a oponerse a que se procese a la familia que ha pagado el rescate.

El problema, según el ministro, estriba en lograr una mayor eficiencia de las fuerzas del orden que precisamente en este campo, en los últimos años, es tán teniendo unos éxitos muy considerables, hasta el punto que hoy es liberado en Italia el 50% de los secuestrados sin que se haya pagado ni una lira.

El ex ministro del Interior y jefe de los diputados democristianos, Virgilio Rognini, opina, al contrario que su compañero de partido Martinazzoli, que "la ley dura debe fijarse por ley". Los socialistas piensan que el bloqueo de los bienes puede ser una acción disuasoria eficaz, "pero no definitiva".

Los comunistas han planteado el problema de otro modo. Se preguntan si el aumento de los secuestros no dependerá en buena parte de la facilidad con la que el dinero obtenido por las diversas bandas que trabajan en esta industria no es demasiado fácilmente invertido en actividades económicas ilegales. Los neofascistas de Giorgio Almirante proponen que se dé un gran premio a quien entregue la cabeza del jefe de la banda, mientras una parte de la opinión pública, sacudida por las últimas atrocidades, ha Regado a pedir la pena de muerte para este delito.

Pero, inmediatamente, el ministro de Justicia ha respondido que éste es un país extraño en el que, movidos por la emotividad, llega a pedirse la pena de muerte, y después la gente se echaría a la calle, "con los obispos a la cabeza", pidiendo la gracia para el condenado.