El Pleno del Congreso aprueba el polémico título sobre los centros concertados
El Pleno del Congreso aprobó ayer el polémico título cuarto de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), dedicado a los centros concertados, tras un duro debate en torno a los artículos referentes a la financiación de estos centros y a las competencias de los consejos escolares, combatidos por el Grupo Popular y la Minoría Catalana, que vierou rechazadas sus enmiendas. Con ello concluyó virtualmente el debate de esta ley, que será aprobada hoy, contando con el voto favorable de socialistas y comunistas, con el rechazo de los Grupos Popular, Vasco y Centrista, y con la abstención de la Minoría Catalana.
Contrastando con el apasionamiento que la controvertida ley de Educación ha levantado en la calle, el tono del debate de ayer en el Congreso fue más bien apagado. El propio Óscar Alzaga, principal ponente del Grupo Popular, denunció esta ausencia de interés, reconociendo que, tras la prolongada tramitación parlamentaria que ya ha vivido la ley -después de la votación de hoy, el texto del dictamen pasará al Senado, donde se debatirá en febrero-, "quizá hemos llegado a un punto de saturación".Alzaga basó su intervención, centrada en el artículo 58 de la ley, en las excesivas competencias del consejo escolar; anteriormente, su compañero de grupo Francisco Soler Valero había criticado el sistema de financiación de los centros concertados, previsto en.el artículo 50, abogando por un método de ayudas al alumno que guarda semejanzas con el del conocido como cheque escolar. El representante de la Minoría Catalana, José Durán, opinó que los compromisos que el Estado asume no garantizan en absoluto que los fondos públicos hayan de cubrir los gastos totales de la plaza escolar, de donde concluyó que la LODE no garantiza la gratuidad, porque no contempla todos los gastos del coste escolar.
Finalmente, en su ataque a las disposiciones transitorias de la ley que hoy serán votadas, el diputado popular Manuel Díaz Pinés insistió en su discurso habitual, solicitando la retirada de la ley que supone, a su entender, la muerte de la libertad de enseñanza. "Si esta ley se aprueba", dijo, "habrá que entonar el 'ha muerto la libertad de enseñanza, viva la libertad de enseñanza".
Se espera que, una vez aprobada la ley en el Congreso -aunque la Minoría Catalana se abstendrá hoy, se espera que vote afirmativamente en el Senado-, el ministro de Educación, José María Maravall protagonizará una nueva intervención en la cámara, en la que reiterará el carácter de defensa de la libertad, mayor que en cualquier otro país de Occidente, que supone, a su juicio, el proyecto gubernamental. La batalla contra este proyecto se extiende incluso al ámbito informativo, ya que hoy tanto Maravall como Alzaga han convocado sendos almuerzos con los periodistas. Contrastando con este ambiente de enfrentamiento, los ponentes de todos los grupos que han intervenido en la defensa-ataque de esta ley mantuvieron anoche un encuentro de amistad con el presidente de la Cámara, Gregorio Peces Barba.
Paralelamente, se supo que la Confederación de Centros de Enseñanza (CECE) planeaba mantener ayer una reunión en la que algunos de sus componentes pretendían cuestionar la línea, a su entender "excesivamente blanda", seguida por su dirigente Ángel Martínez Fuertes.
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