El PSOE defiende a un diputado autonómico que fue acusado de estafar 4.500.000 pesetas

El PSOE ha salido en defensa del diputado regional socialista José Vicente Hernández Díaz, secretario primero del Parlamento autónomo canario, quien ha sido acusado de una presunta estafa de 4.000 pesetas. Las ejecutivas insular de Tenerife y local de El Puerto de la Cruz del PSOE han reiterado en un comunicado su confianza en parlamentario de su partido y manifiestan que respetarán lo que los tribunales resuelvan, tras lo cual adoptarán las decisiones que estimen convenientes.

El caso ha cobrado una dimensión política, ya que se trata de un destacado diputado de la comunidad autónoma que anteriormente fue teniente de alcalde de El Puerto de la Cruz, número dos en la lista socialista para esta ciudad en las elecciones municipales de 1979. La denuncia de que está relacionada con su actividad profesional como abogado y su etapa de concejal.El matrimonio alemán compuesto por Erick Nikolaus y Christine Zilgdrum había presentado en el Juzgado de Instrucción de La Orotava (Tenerife), el pasado día 12 de noviembre, una denuncia contra Hernández Díaz. Los dos ciudadanos, alemanes le reclamaban 4.500.000 pesetas que habían apartado un año antes, en concepto de depósito previo, exigido, al parecer, por el demandado, para que el matrimonio tuviera derecho a la concesión de un bar-cafetería proyectado por el ayuntamiento en la zona turística de Martínez. El precio total de la concesión ascendía a 10 millones de pesetas.

El apoderado del matrimonio, Jean-Paul Raguet, señala en la denuncia que el abogado y teniente de alcalde había prometido de esta forma la adquisición de la industria que en su día sacaría a subasta el ayuntamiento. Sin embargo, la denuncia indica que "el pago antes dicho era para poder tener derecho a participar en la subasta".

La acusación ha sido formulada contra el diputado Hernández Díaz por una actividad profesional de su despacho, si bien los denunciantes han querido implicar su condición de concejal por entender que el mismo haría uso de ésta para el éxito de la gestión. Según Jean-Paul Raguet, cuyo nombre salió a la luz pública anteriormente por haber sido expulsado del país después de que fuera cerrada por la autoridad una discoteca de su propiedad en el mismo municipio, el supuesto delito se consumó, al haber obtenido el denunciado y su socio la citada cantidad de dinero y no dar trámite en el ayuntamiento a los documentos necesarios. Raguet afirmó también que el proyecto de bar-cafetería era inexistente, y que el matrimonio Zilgdrum no recuperó su dinero.