El director de la Caja Rural de Jaén dio un trato de favor a Tejero devolviéndole los 20 millones que había invertido en Uteco

Ricardo Cruz Tuñón, ex director general de la Caja Rural de Jaén, procesado por presuntos delitos monetarios en unión de Domingo Solís Ruiz y un hijo de éste, Felipe Solís, concedió un trato de favor al ex teniente coronel Antonio Tejero Molina, condenado por su participación en el intento de golpe de Estado del 23-F, en una operación financiera de 20 millones de pesetas, iniciada con fondos procedentes del diario El Alcázar. Ésta es una. de las conclusiones a las que ha llegado, tras casi un tiño de trabajo, la comisión del Parlamento andaluz que ha investigado las irregularidades cometidas en la Caja Rural de Jaén y en la Unión Territorial de Cooperativas (Uteco).

El dictamen de la comisión, que se hizo público ayer, aprobado por l3s cinco grupos políticos con representación en la Asamblea autónoma, denuncia otros casos de utiIización de estas entidades financieras para fines políticos y numerosas irregularidades de todo tipo. La Mesa del Parlamento decidirá, con seguridad, pasar el dictamen al Ministerio Fiscal por si en sus 51 folios pudieran descubrirse indicios delictivos.Según la comisión, a finales del verano de 1982 Ricardo Cruz Tuñón, entonces director general de la Caja Rural de Jaén, comprendiendo la gravedad de la situación financiera de ésta y su inminente intervención por las autoridades, decidió rescatar algunos efectos que él mismo había colocado en el mercado secundario (venta a terceros de una letra para obtener dinero), "con objeto de que no resultarán afectados por la quiebra que se avecinaba". Los efectos en cuestión suponen un montante de 100 millones de pesetas.

Lo que sí se ha comprobado de manera fehaciente es que varios de estos efectos, por valor de 20 millones de pesetas, estaban en poder de Antonio Tejero Molina, entonces ya condenado a 30 años Por la intentona golpista. Tales cantidades le habían sido entregadas, a su vez, por la empresa DYRSA, editora de El Alcázar. La iniciativa de Cruz Tuñón permitió a Tejero recuperar la totalidad de lo invertido, más los intereses, hasta la fecha de la cancelación, ya que sus efectos fueron rescatados por la Caja Rural de Jaén mucho antes de su vencimiento. Por el contrario, otros portadores de efectos, hasta un total de 4.800 millones de pesetas, tuvieron que soportar las pérdidas establecidas por las autoridades tras la quiebra de la entidad, calculadas en un 25% sobre el nominal.

El procedimiento de circulación de dinero en ambas direcciones es explicado así por la comisión: Antonio Tejero endosa fondos, que le son facilitados por DYRSA, a la cuenta de un intermediario finan ciero, quien adquiere varios efec tos de la Caja Rural de Jaén para el ex teniente coronel. Con fecha 16 de octubre de 1982, justamente dos días antes de ingresar en prisión, Ricardo Cruz rescata esos efectos mediante talones que le son entregados por la sección comercial de la Unión Territorial de Cooperativas de Jaén y que son in gresados en la cuenta de Carmen Díez Pereira, esposa de Tejero.

No hay pruebas de golpismo

Acerca de la finalidad concreta de esta operación, el presidente de la comisión parlamentaria, José Caballos, explicó en la tarde de ayer que "no tenemos ninguna prueba de que estos beneficios hayan sido utilizados para financiar, actividades golpistas".

Junto a estas revelaciones, el informe subraya que en 1977 Domingo Solís Ruiz, presidente de la Caja Rural de Jaén y de Uteco, fundó el partido político Acción Social Agraria y se presentó como candidato a un escaño en el Congreso de los Diputados por la provincia de Jaén, en un intento que él mismo calificaba de "sueño romántico". Para su campaña utilizó fondos procedentes de una caja extracontable, con los que pagó viajes, propaganda y alquiler de locales para mítines.

Un año más tarde, en 1978, con ocasión de las elecciones a cámaras agrarias, se cogieron nuevos fondos de esta caja extracontable y se entregaren al partido político Unión de Centro Democrático (UCD), que extendió a cambio recibos con los epígrafes gastos electorales cámaras agrarias y gastos de propaganda. Caballos cifró ayer estas cantidades en 200.000 pesetas.

Otra de las, irregularidades denunciadas es el pago de 177 millones de pesetas a José Terceiro, catedrático de la facultad de Ciencias Económicas de Madrid, sin justificación soporte, cuyo destino era la constitución de un grupo de presión político-empresarial.

José Terceiro mostró su perplejidad ayer al serle comunicados los hechos que se le imputan. A su llegada a Madrid procedente del extranjero, declaró que es la primera noticia que conoce sobre este asunto, y negó que tenga nada que ver con las acusaciones que se le hacen. "En cualquier caso", dijo, "si la actuación está ya en manos del fiscal es la mejor garantía de que el tema se va a aclarar".

Domingo Solís Ruiz, su hijo Felipe y Ricardo Cruz Tuñón fueron juzgados el pasado 22 de noviembre por supuestos delitos monetarios, aunque la sentencia está pendiente del dictamen que habrá de emitir el Tribunal Constitucional sobre la ley de Control de Cambios. En el domicilio del primero y en el de Cruz Tuñón se indicó ayer a EL PAIS que ambos se encontraban fuera de Jaén.

Además de las referidas anomalías , el informe de la comisión advierte sobre la existencia de numerosas irregularidades financieras y de gestión de las dos entidades analizadas, Caja Rural de Jaén y Uteco, y de la Cooperativa Provincial Agrícola, fundada en 1960 y dedicada a la industrialización y transformación de diversos productos del campo. Las tres sociedades estaban presididas por la misma persona: Domingo Solís Ruiz. Uteco llegó a integrar en 1982 a 158 cooperativas locales y a 60.000 socios, y que las tres entidades controlaban el 65% de la riqueza agropecuaria de la provincia de Jaén.

Analizando estas irregularidades, el dictamen comienza denunciando el falseamiento de los balances y la ocultación de pérdidas, cuyo conocimiento era sustraído de manera sistemática a los socios y a las autoridades competentes. Los responsables de la Caja Rural de Jaén y Uteco camuflaban las pérdidas de cada ejercicio a través de las más diversas técnicas contables para aparentar una situación de normalidad. Está demostrada la existencia de una caja extracontable o caja B, cuyas dotaciones y pagos suponen casi 32 millones de pesetas en el período comprendido entre 1971 y 1983.

Mención especial merece la excesiva concentración de riesgos de la Caja Rural de Jaén en las dos entidades citadas, ambas presididas por Solís Ruiz. En octubre de 1977, el 78% del total de los créditos concedidos por la caja iba destinado a la Unión Territorial de Cooperativas y a la Cooperativa Provincial Agrícola, lo que originó que el Banco de España hiciese un requerimiento para ajustar estas operaciones a la normativa legal vigente, requerimiento repetido sucesivamente y siempre incumplido. Se llega a la situación de que en junio de 1982 las inversiones crediticias representan el 199,75% de los recursos totales.

Se señalan asimismo las operaciones de exportación emprendidas por Domingo Solís, Ricardo Cruz y Felipe Solís, en contacto con la sociedad francesa Frahuil, que llevaron al procesamiento de los tres citados directivos como presuntos autores de tres delitos monetarios en cuantía de 1.500, 8,4 y 1.250 millones de pesetas, respectivamente. A todo ello hay que añadir la existencia de partidas considerables de dinero sin justificar, el uso del habitual peloteo de letras, la carencia de criterios uniformes para la concesión de moratorias de cancelación de ciertos créditos y la financiación encubierta de industrias ajenas al movimiento cooperativo.