La mayoría de izquierda en Francia, dividida ante el proyecto socialista de ley de Prensa

En un clima político tenso, la Asamblea Francesa se dispone a debatir la ley sobre la Prensa elaborada por el Gobierno socialista. El proyecto quiere ser una barrera contra las concentraciones de empresas informativas, que, en opinión del Gobierno, recortan progresivamente el pluralismo y, a largo plazo, la libertad de expresión. La oposición conservadora liberal piensa exactamente lo contrario.

Pero lo más significativo es que los dos partidos que apoyan al Gobierno, socialistas y comunistas, consideran que la polémica ley tiene puntos esenciales contrarios a los intereses de la prensa de partido y a la Constitución.El debate real de la ley antitrust se iniciará hoy por la noche con una intervención del primer ministro, Pierre Mauroy, tras la votación de la moción de censura a la ley, presentada y apoyada por toda la oposición (neogaullistas y giscardianos). Por lo que respecta a la moción de censura, no existen dudas: toda la mayoría -comunistas, socialistas y radicales de izquierda- votará favorablemente el proyecto de ley gubernamental.

Para la mayoría de izquierdas, la ley representa justamente lo contrario de lo que critica la oposición. La ley sobre la Prensa no es, para la mayoría gobernante, una "amenaza para la libertad pública fundamental", tal como lo estima la oposición, sino que resguarda, precisamente, "la libertad de información".

Ahora bien, como ya ha ocurrido en múltiples ocasiones semejantes desde que los socialistas accedieron al poder en Francia, en mayo de 1981, el Gobierno vuelve a ser acusado por la oposición de "improvisación y de precipitaciones inadmisibles". Y, en este punto, hay comunistas, socialistas y radicales que se dicen de acuerdo con la derecha.

Esta improvisación, o las incoherencias de la ley, ya fueron advertidas los dos últimos días por varios empresarios periodísticos, favorables a la izquierda, que testimoniaron ante la comisión de asuntos culturales de la Asamblea. Por eso, ni anoche mismo se conocía el texto definitivo de la ley que quiere aprobar el Ejecutivo.

En cinco puntos concretos, esa ley se presta a dudas jurídicas, políticas y constitucionales. Uno de los artículos es lo bastante borroso para que no se sepa con exactitud lo que podría significar, a la hora de la verdad, el término "grupo de hecho o de derecho". Los sindicatos y partidos políticos entienden que dicha expresión pudiera serles aplicable y, en tal caso, el Partido Comunista Francés (PCF) sería el primer afectado por la ley, que prohibe poseer un diario de circulación nacional y tres regionales, como es su caso.

Prensa nacional y regional

Otra disposición del texto hace una diferencia entre la normativa relativa a la Prensa nacional y la que concierne a la regional. En contra de este artículo se erige uno de los grandes principios del Derecho, que exige la igualdad de todos ante la ley. En otro artículo no se aclara la definición de lo que es un "grupo de Prensa", que a veces se valora en función de los títulos de su propiedad y en ocasiones es consecuencia del número de electores. Esta confusión puede acarrear resultados inesperados a la hora de aplicar la ley.También dice el texto que todo diario o semanario debe tener un equipo de redacción, pero no explica si ese equipo estará, o no, compuesto por periodistas profesionales. Por fin, la oposición, como la mayoría de izquierda, se interroga a propósito de las reales atribuciones de la llamada "comisión para la transparencia y el pluralismo", qué será de hecho la autoridad vigilante del cumplimiento de la ley.

Según la normativa ad hoc puede creerse que, en lo sucesivo, para cerrar un periódico en Francia será necesaria una autorización previa de dicha comisión, lo que sería contrario a la libertad, sin más.