El Ayuntamiento de Valencia mantiene el conflicto en materia urbanística con la Generalitat

El pleno del Ayuntamiento de Valencia acordó ayer por unanimidad de sus tres grupos -socialista, popular y comunista- apoyar la presentación de un escrito de alegaciones ante el pleno del Consell de la Generalitat valenciana para que revoque la suspensión de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que afecta a la aplicación del Plan Parcial número 23.

Con ello se mantiene el enfrentamiento entre la Alcaldía y el Ejecutivo autonómico, que suspendió recientemente la modificación del Plan General aprobada por la Corporación. Pese a las conversaciones mantenidas entre el alcalde de la ciudad, Ricard Pérez Casado, y el presidente de la Generalitat, Joan Lerma, ambos del PSOE, que se saldaron con vagas declaraciones de buenas intenciones, subsiste el problema de fondo centrado en un conflicto de competencias.La Consejería de Obras Públicas y Urbanismo aprobó la modificación del Plan General el pasado 4 de febrero, pero con posterioridad hubo alegaciones en contra formuladas por particulares, que fueron estimadas por el pleno del Consell, ajuicio del cual era necesario que el Ayuntamiento aportara nueva documentación. La Corporación municipal ha optado en la práctica por recurrir la decisión en lugar de incluir los documentos solicitados.

La modificación es necesaria para la aplicación del Plan Parcial porque se encuentra vigente el Plan General, aprobado en 1966, que no está conforme con la Ley del Suelo de 1975. Según fuentes municipales, el Ayuntamiento de Valencia no había procedido hasta ahora a la adaptación global del Plan General por las dificultades entraña a su necesario estudio en un organismo tan amplio como la Corporación Administrativa Gran Valencia, en vías de extinción.

Hay que destacar que la redacción del plan parcial, que afecta a más de 50.000 habitantes y que supone una reducción de las edificaciones permitidas, fue aprobada por el Ayuntamiento y se trata de una competencia exclusiva del mismo, según se especifica en las disposiciones legales vigentes. Ello es al menos parcialmente contradictorio con la necesidad legal de que la revisión, previa del Plan General, haya de pasar por el filtro de la Generalitat para ser aprobada.

Una alta fuente municipal manifestó ayer a EL PAIS que la actual situación en la construcción del Estado "lleva a ciertos órganos a atribuirse competencias que no tienen". Añadió que "la competencia urbanística es plenamente municipal, como ocurre en toda Europa; otra cosa sería la ordenación del territorio". En el fondo del conflicto, según la fuente citada, está el hecho de que "las autonomías quieren ejercer el poder sobre la parte más débil, que es, en nuestro caso, la Administración local".

Este periódico intentó ayer sin éxito recabar la opinión al respecto del titular de la Consejería de Obras Públicas, Vicent Llombart.