Las fechas clave de la expropiación

18 de febrero de 1983. El ministro de Economía y Hacienda declara, en una conferencia de prensa, que "la ruptura del contrato entre la firma Arthur Andersen y Rumasa sería gravísima", refiriéndose a la auditoría que Rumasa había aceptado sobre el grupo, a insistencia expresa del Banco de España, y de la que se rumoreaba que marchaba por mal camino como consecuencia de los impedimentos a su desarrollo por parte de la dirección del grupo.19 de febrero de 1983. El presidente del holding, José María Ruiz-Mateos, en la primera aparición pública ante la Prensa en más de veinte años de empresario, responsabiliza al ministro de las consecuencias que pudieran derivarse de sus manifestaciones".

21 de febrero de 1983. Miguel Boyer recibe a Ruiz-Mateos en su despacho y tratan de llegar a un acuerdo sobre las condiciones de la auditoría externa. El pacto es imposible.

23 de febrero de 1983. A las 11.40 de la noche, el portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, lee en televisión una declaración del Consejo de Ministros, reunido aquel mismo día, que da cuenta del decreto expropiador, que aparecerá al día siguiente en el BOE.

2 de marzo de 1983. El Congreso de los Diputados convalida el decreto-ley de expropiación.

4 de marzo 1983. Ruiz-Mateos abandona España una vez que el fiscal general del Estado designa dos fiscales para investigar la situación del holding.

7 de marzo de 1983. El Grupo Popular del Congreso de los Diputados presenta un recurso sobre la constitucionalidad del decreto ex-propiador.

8 de abril de 1983. Ruiz-Mateos y sus hermanos presentan una demanda contra el Estado Español por expropiación no ajustada a derecho. Cuatro días más tarde, la demanda es rechazada por insuficiencia de datos sobre la propiedad de las acciones.

10 de mayo de 1983. El Juzgado y Central de Instrucción número 3 decreta la detención de Ruiz-Mateos por incomparecencia a sus requerimientos para declarar. Ese mismo día, el Congreso de los Diputados aprueba el proyecto de ley de expropiación de Rumasa.

2 de diciembre de 1983. El Tribunal Constitucional vota sobre el recurso del Grupo Popular en relación al decreto, no admitiéndolo a trámite y expresando seis de los magistrados un voto particular sobre el voto mayoritario.