Los peligros de la futura democracia en Argentina
Pese a cuanto se ha escrito sobre los recientes acontecimientos políticos en Argentina, el autor de este trabajo insiste en que es necesario prevenir acerca de los peligros que acechan a la construcción de la democracia en ese país; algunos de ellos se intentan exponer en este artículo.
En los primeros días después del histórico 30 de octubre, pese a que la información ha sido profusa en torno a ciertos personajes del inmediato pasado y a su nefasta influencia sobre el fracaso electoral del peronismo, poco se ha profundizado acerca de dónde están, cuáles son los verdaderos peligros que acechan a la futura democracia argentina y cómo han de ser las medidas que a este respecto debería emprender el próximo Gobierno radical.Hay algunos elementos insólitos que permiten quizá explicar la demora en que incurren los analistas, quienes, por lo inesperado de la situación, se han visto desbordados y, por qué no decirlo también, entusiasmados. Esos elementos son: la caída del mito de la imbatibilidad electoral del peronismo; la absoluta ceguera estratégica de la dirigencia peronista al fundar su campaña en un mensaje orientado al pasado, sobre la imagen de ultratumba de los creadores del movimiento y la constatación de que buena parte de ese 51% de votos vencedores, provenientes de las filas rivales, en una expresión de madurez política, ha dado su apoyo a la propuesta radical en el convencimiento de que la única oferta política que podía presentarse a los argentinos era la que se basaba en el discurso ético ensayado por Alfonsín, de cara al futuro y principalmente dirigido a la juventud.
No cabe duda de que mucha imaginación es imprescindible para remontar la dura cuesta que supone enfrentar la grave situación en que ha quedado sumido el país después del paso de los contemporáneos Atilas militares. Afrontar la cuestión de los detenidos-desaparecidos -en general las violaciones de los derechos humanos- y encarar el tema de las consiguientes responsabilidades con realismo y sinceridad, junto a la depuración y moralización de los cuadros militares y judiciales, son las primerísimas e insoslayables tareas para esta inmediata democracia que Raúl Alfonsín ha prometido emprender. Pero, también los reclamos sociales que se formularán rápidamente al Gobierno radical estarán absolutamente justificados y será inexcusable atenderlos, al mismo tiempo que habrá que frenar la imparable inflación para no dejar que carcoma el programa económico. Detrás de estos obstáculos se van a parapetar los enemigos de la necesaria transformación que debe emprender el Gobierno de Alfonsín. Pero, ¿quiénes son y dónde están esos enemigos?
Necesario es reconocer que quienes van a querer impedir las tareas señaladas son aquellos que precisamente deberían haber evitado llegar al estado de cosas conocido. Es decir, cuantos a lo largo de tantos años se han presentado como representantes de los mayores afectados por el despojo y la explotación, o sea las clases medias y las populares, sin que en realidad pudieran ser legitimadas sus investiduras mediante elecciones democráticas en los sindicatos; en una palabra, los integrantes de ese sindicalismo burocratizado que constantemente pactó con el poder militar serán quienes intenten perturbar el proceso de reconstrucción.
Es comprensible pensar que el lector no argentino se pregunte: pero, ¿cómo es posible atribuir a los hasta ahora sindicalistas semejantes responsabilidades por adelantado, sobre todo si siempre se ha afirmado que justamente "el sindicalismo es la columna vertebral del peronismo" (Perón dixit), y que este movimiento ha encarnado las puras ambiciones de los trabajadores argentinos? De este modo, formular esa afirmación supone quitar el mayor sustento a la hegemonía política que ha ejercido durante cuatro décadas el justicialismo en Argentina. Sin embargo, las cosas son así. En efecto, no es esta la ocasión para detallar cuantas tropelías han cometido los que se encaramaron a la cúpula sindical, burlando las metas de justicia social que se prometía a las bases obreras. El ejercicio arbitrario del poder sindical, los beneficios abusivos que procuraron los cargos que debían ser representativos, apoyado todo esto en el empleo de la violencia y de métodos mafiosos, han sido constantes características del sindicalismo corrupto que siempre dificultó la elección democrática de legítimos representantes de los trabajadores.
Un fraude a la clase obrera
Lo descrito ha constituido el mayor fraude histórico de que ha sido objeto la clase obrera en Argentina. Pues, ¿quién puede dudar que las banderas del justicialismo (justicia social, independencia económica y soberanía política) constituían los más apropiados objetivos para un país dependiente y en manos de una oligarquía privilegiante? No obstante, han sido quienes precisamente debían encabezar esa lucha los que no sólo frustraron el proceso de liberación, sino que pactaron con los jefes militares ejecutores de la barbarie.
De dicho cuadro habían tomado hace tiempo conciencia los dirigentes demócratas del Partido Justicialista, e indudablemente también la propia masa trabajadora. Los primeros ya dieron una muestra de ello cuando abrieron el proceso de elección de sus autoridades y candidatos para el 30 de octubre; la tentativa de marginación de Isabel Perón y su entorno fue también un signo de salud moral. Sin embargo, ese intento se malogró a manos de la perversión sindical que copó con sus nombres los cargos partidarios. Por lo tanto, con motivo de la crisis que irremisiblemente se abre en el seno peronista entre políticos y sindicalistas, será el turno de los primeros para constituir por fin el partido político que pueda acoger la parte de ese 40% de votos fiel al mensaje justicialista. De otro modo, se abriría el camino del éxodo hacia un nuevo partido obrero, heredero del legado socialista, hasta ahora atomizado en grupúsculos originarios del viejo tronco y porque el partido comunista ha reiteradamente demostrado su insensibilidad política -demasiado ligado al dictado moscovita-, ahora corroborada por el nuevo error histórico de vincular su sufragio al justicialismo, cuando éste -por primera vez- no representó auténticamente a la clase trabajadora.
Intervienen los sindicatos
En consecuencia, una primerísima labor que debe acometer el Gobierno elegido es la de intervenir selectivamente los sindicatos y las centrales mientras el Parlamento, con urgencia, prepara los nuevos instrumentos legislativos que permitan constituir democráticamente, desde las bases, la representación legítima y pluralista de los trabajadores.
Que no se vacile entonces, pues son los integrantes de esa clase sindical desalojada los únicos que, frente al limpio triunfo de la democracia, pueden ir ahora a golpear las puertas de los cuarteles, ofreciendo un falso apoyo popular a alguna aventura militar.
El evidente trasvase del voto obrero hacia la propuesta ética de Alfonsín constituye una garantía de que la clase trabajadora posee una elevada capacidad de reflexión política. La nueva convergencia entre los intereses de las clases medias urbanas y del proletariado rural e industrial, que parece traducir el éxito radical, brinda una gran ocasión para que el mensaje de este renovado radicalismo arraigue en el pueblo argentino. Esta posibilidad debe ser preservada de sus enemigos, y es a éstos a quienes el futuro Gobierno debe hacer entender en qué consiste la legitimidad democrática sobre la que se sustenta, dentro y no fuera de los poderes constitucionales.
