Telefónica y Renfe aprueban las propuestas de subida de tarifas

Las subidas de tarifas de Telefónica y Renfe serán estudiadas en breve por el Gobierno, según se ha informado el pasado fin de semana en el Seminario sobre empresa pública, celebrado en Segovia. Con motivo de estas sesiones ha trascendido que el Estado dedicará a las empresas públicas el año próximo 580.154 millones de pesetas, de los que Renfe se llevará un 34,4% (200.010 millones). Además, informa Europa Press, se librarán las cantidades necesarias para cubrir las pérdidas de explotación que se registren.El consejo de administración de la compañía Telefónica, en la reunión celebrada el pasado miércoles, aprobó solicitar al Gobierno una subida de tarifas que se sitúa en torno al 9%, de acuerdo con la información que proporcionó el presidente de la compañía, Luis Solana.

En la misma sesión, el presidente de Renfe, Ramón Boixadós, señaló que, dentro del contrato-programa que será sometido hoy lunes a la aprobación de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se incluye una petición de subidas de tarifas, que supone un incremento del 12,3% para los servicios de viajeros de largo recorrido, del 17,9% para los de cercanías y del 10%. para el transporte de mercancías.

El presidente de telefónica, Luis Solana, manifestó que con la subida solicitada, "en principio, no se incrementan las tarifas de llamadas, sino el abono por el uso del teléfono, y en algunos conceptos, como las llamadas de barrios periféricos a los centros urbanos, se llegará a una disminución de precios".

Reducción de plantilla

Ramón Boixados explicó también algunos aspectos concretos del plan cuatrienal, y ratificó que la compañía se propone en los próximos tres años reducir la plantilla en 5.130 personas, así como contener los salarios.

Según el presidente de Renfe, uno de los problemas más importantes que tiene actualmente la compañía es la reducción de los gastos financieros, ya que actualmente las deudas a medio y largo plazo alcanzan 230.000 millones de pesetas y el Estado le debe 130.000 millones más por servicios prestados o pérdidas de años anteriores no subrogadas.