La expropiación de Rumasa, un golpe de audacia

El pasado 23 de febrero el Gobierno decidió expropiar Rumasa, el mayor grupo empresarial privado de España. Poco después de terminar el Consejo de Ministros que aprobó la medida socialista más recordada ahora por los ciudadanos, según las encuestas, la policía se presentaba en la sede central del holding de la abeja. Mientras tanto, llegaba al Boletín Oficial del Estado el precipitado texto del decreto-ley nacionalizador, recurrido ante el Tribunal Constitucional por la oposición conservadora. Varios meses después, el Parlamento aprobaba como ley el texto expropiador, que prevé fórmulas más desarrolladas para la reprivatización. No hubo recurso contra la ley y la reprivatización espera la sentencia de dicho Tribunal.En este lapso, empezaron a conocerse algunos datos, sobre el imperio empresarial montado durante dos décadas, a partir de un capital inicial de 300.000 pesetas, por José María Ruiz-Mateos, quien dirigía la actividad de forma personalista, impermeable y, al menos, muy heterodoxa. Se supo en- principio que los datos de recursos propios y empleo estaban inflados, en tanto que, junto a los tres centenares de empresas conocidas como del grupo, había medio centenar largo de medianas y grandes empresas sumergidas.

La sospecha -luego confirmada por él mismo- sobre la vinculación de Ruiz-Mateos al Opus Dei era avalada por el hallazgo, entre los casi 2.500 millones largos donados a personas todavía no determinadas, de 1.500 millones de pesetas entregados irregularmente en letras de cambio al Instituto de Educación e Investigación, regido por personalidades de dicha institución. Permanecen sin aclarar sus relaciones con Luis Valls, presidente del Banco Popular y miembro del Opus, a quien Ruiz-Mateos acusó en verano, desde Londres, de incitarle a la agresividad y luego abandonarle, como si se tratara de una jugada de efectos retardados contra el Gobierno.

Los datos confirmaban la impresión, nacida en el Banco de España varios años atrás, de que Ruiz-Mateos, actualmente procesado y huido, se había lanzado a una huida hacia adelante, necesitada para subsistir de comportamientos heterodoxos y hasta presuntamente delictivos (concentración de riesgos de los bancos en las empresas superior al 60% de media, recurso sistemático de las propuestas inspectoras sobre deudas fiscales, desviación de impuestos, salida ilegal o no recuperación de divisas, falsificación de documentos mercantiles, resistencia a las indicaciones y propuestas de auditoría de la autoridad monetaria ... ), así como de crecientes compras de empresas (Galerías Preciados, Fidecaya, Sears).

El déficit patrimonial del holding, terminado de auditar en octubre por una veintena de firmas, rondaba a 23 de febrero los 270.000 millones de pesetas, con valoraciones a precio de adquisición. Como la expropiación libró a la banca de enjugarlo a través del Fondo de Garantía de Depósitos y en los Presupuestos del Estado no hay dotación para taparlo, la permanencia de cargas financieras mantiene el mismo nivel de pérdidas anuales, próximas a los 70.000 millones de pesetas.