El Gobierno aprobó la subida del precio de los carburantes y un decreto-ley para la reconversión industrial

El Consejo de Ministros aprobó ayer una subida media del 10% de los productos carburantes y de combustibles derivados del petróleo. Los nuevos precios han entrado en vigor a partir de la pasada medianoche. La gasolina de 90 octanos cuesta ahora 87 pesetas, la súper pasa a 93 pesetas el litro, el gasóleo de automoción cuesta 58 pesetas el litro y la bombona doméstica de butano se venderá a 855 pesetas, lo que supone un aumento de 130 pesetas sobre el precio anterior. Asimismo el Gabinete aprobó por decreto ley la reconversión industrial y un importante paquete de medidas sociolaborales. El presidente González, según palabras del portavoz del Gobierno, no excluyó el pasado martes la posibilidad de la subida de los precios de los carburantes, sino que afirmó que el tema no estaba en el orden del día del Consejo de Ministros.

El envío de una delegación española a Guinea Ecuatorial para tratar de llegar a un acuerdo sobre la refinanciación de la deuda que este país mantiene con España y la confirmación de que el Día de la Constitución no será festivo fueron otros de los temas más destacados de la conferencia de prensa de ayer tarde. Eduardo Sotillos expuso también que el optimismo del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, sobre el caso Rumasa no se debe a un conocimiento de datos, sino a su propia convicción de jurista de que se actuó conforme a derecho.Respecto al viaje de una delegación española, presidida por el vicepresidente del Consorcio de Compensación de Seguros, para proceder a la refinanciación de la deuda exterior guineana con España, el portavoz del Gobierno afirmó que ello no se debe a un cambio de postura con respecto a la ex colonia, sino que se trata de un diálogo para que del conocimiento de la situación real se establezca una colaboración sin tensiones. Como prueba de ello adujo que el, Gobierno español ha renunciado a acudir al Club de París para esta refinanciación.

La delegación negociará el acuerdo sobre los créditos a la exportación que hayan sido objeto de cobertura por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación desde la reanudación de las relaciones comerciales, en 1979, derivados de contratos firmados con posterioridad al 1 de agosto de 1979 y con cualquier aplazamiento de pago. No serán objeto de negociación los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo concedidos por el Gobierno español, por entender que fueron otorgados en condiciones excepcionales. Se especifica que estos créditos deben ser atendidos en los vencimientos correspondientes.

La delegación española presentará a la parte guineana las deudas que el Gobierno de aquel país mantiene con el Banco de España, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Iberia y cualquier otra que afecte a compañías nacionales españolas, y solicitará la atención de las mismas a la mayor brevedad. Estas deudas no formarán parte del acuerdo general de refinanciación. El Fondo Monetario Internacional concluirá en 1984 un acuerdo stand-by con el Gobierno de Guinea Ecuatorial, a cuyo cumplimiento debe quedar sujeto el acuerdo de refinanciación.

Celebración del Día de la Constitución

El portavoz del Gobierno afirmó que no se ha consultado con la Iglesia el establecimiento festivo del Día de la Constitución. El día 6 de diciembre, y por orden del Ministerio de Educación y Ciencia, en los centros docentes se realizarán actividades educativas dirigidas a la promoción del conocimiento de la Constitución y de la identificación con los valores democráticos que en la misma se contienen. Las actividades podrán realizarse también en los días anterior y posterior, y además de los temas puramente lectivos se podrán organizar visitas extraescolares a instituciones públicas, como Congreso, Senado y ayuntamientos.El Consejo decidió ayer el cierre por un año de las instalaciones de la empresa Aguado del Prado, SA, de Cedillo del Condado (Toledo), por fraude y adulteración notoriamente grave en el envasado y distribución de aceites. Al mismo tiempo se le ha impuesto una multa de 35 millones de pesetas. Las investigaciones y análisis confirmaron la presencia de anilinas que impiden la utilización de aceites para fines comestibles. Esta empresa estuvo implicada en el sumario de la colza, pero la sanción actual obedece a irregularidades detectadas entre el 23 de junio y el 3 de agosto de 1981.