ERT concede un plazo de 27 días para que los acreedores lleguen a un acuerdo conjunto sobre el plan de viabilidad

Un nuevo aplazamiento, en este caso de 27 días, hasta una fecha tope que se situará en el día 19 de diciembre, para recibir el 97% de las adhesiones de los acreedores bancarios de Unión Explosivos Río Tinto (ERT) al tercer plan de viabilidad, realizado por la propia compañía, fue acordado ayer por el consejo de administración de esta sociedad, cuya reunión concluyó pasadas las ocho de la noche. Se aleja así la presentación de suspensión de pagos que estos días habían pronosticado algunos sectores.

La resolución del consejo de administración de ERT incluye dos novedades importantes. Por una parte, la aceptación de la propuesta del steering committe en el sentido de que será suficiente la conformidad de los tenedores del 97% de la deuda financiera de esta compañía, lo que impedirá que una minoría continúe bloqueando el acuerdo final. La mayoría de los bancos acreedores asumiría en ese caso los compromisos de ese 3% disconforme. Además, el consejo de ERT ha establecido una fecha límite, que en este caso parece ser definitiva.En los momentos actuales, y según fuentes próximas a la compañía, los representantes del 95%, aproximadamente, de la deuda bancaria de ERT se han mostrado conformes con el plan de reestructuración financiera.José María Escondrillas, presidente de ERT, declaró ayer tras la reunión: "He cumplido mi compromiso, ya que la empresa tendrá viabilidad tanto si se llega a un acuerdo amistoso con los acreedores como si es necesario recurrir a la no deseable salida de otras fórmulas legales alternativas". Por su parte, el consejo de administración decidió constituirse en sesión. permanente hasta el final del plazo concedido, para poder tomar rápidamente cualquier decisión una vez que los acreedores hayan tomado su decisión definitiva.

Un porcentaje mínimo de las entidades acreedoras, que en conjunto aglutinan alrededor de un 5% de la deuda, no ha dado su conformidad expresa al último proyecto de reestructuración financiera de este holding, realizado por sus actuales gestores y conocido como Plan Escondrillas 3. Estas entidades, incluidas dentro del llamado sindicato alemán, mantienen unas, posiciones acreedoras mínimamente representativas en cuanto al volumen de los fondos prestados, y al parecer pretenden ser incluidas dentro del paquete de acreedores con tratamiento diferenciado, que encabeza la banca Worms, según testimonios recogidos en medios financieros nacionales. Entre estos bancos figuran Bayerischern, Hypobank International, Deutsche Bank (alemanes), Al Saudi Bank y Crédit Suisse.

Las reticencias de este pequeño grupo de bancos venían fundamentalmente dadas por el hecho de que no aceptaban el sistema propuesto de liquidación de activos, indiscriminado, para la aminoración de deudas de la empresa, mientras que a continuación expresaban su disconformidad con el concepto preferente de las ayudas dinerarias que aportaba la Administración, y que se elevaban exactamente a 4.000 millones de pesetas. Por último, se ponía de manifiesto -y en esto coincidían prácticamente todas las entidades acreedoras- el cuestionamiento del concepto de "crédito participativo" que se pretendía imponer en el citado2 plan a una parte sustancial de las deudas de esta sociedad, como fórmula alternativa para la superación de la actual crisis financiera, ya que no existe ninguna figura precedente en la jurisprudencia española.

La posibilidad de suspender pagos

Por su parte, los responsables de la compañía, ante la peligrosa situación que están alcanzando sus fondos propios, paulatinamente mermados por el incremento de las cargas financieras, han advertido seriamente a sus acreedores bancarios de la posibilidad de proceder a una suspensión de pagos. Esta solución, que fue cuidadosamente eludida por la banca acreedora al estallar la crisis de tesorería de ERT hace ahora 14 meses, es uno de los factores que inquietan a los responsables de los riesgos industriales bancarios.Una medida de este tipo conllevaría en primer término parar la generación de intereses por las deudas acumuladas, y, previsiblemente, podría terminar desembocando en un proceso de quiebra, con la consiguiente licitación de los activos del grupo, proceso que posiblemente vena su fin dentro de muchos años. En definitiva, que los acreedores financieros de ERT verían satisfechas, y sólo parcialmente, sus demandas, en un plazo de tiempo bastante dilatado, y tras unos largos y costosos procesos judiciales.

En los últimos meses, sobre todo desde que los acreedores cabeza de fila pudieron constatar que la Administración no iba a aportar más fondos que los inicialmente previstos, se llegó a la conclusión de convencer a los peor dispuestos de la necesidad de firmar el acuerdo, para evitar "males mayores". En este sentido, tanto desde medios bancarios como desde instancias próximas a la propia compañía se ha venido poniendo de manifiesto el esfuerzo, desplegado por los acreedores que detentan un mayor volumen de deuda, para lograr un acuerdo antes de tener que asumir posturas más trascendentales, como podría ser la suspensión de pagos.