Alianza Popular del País Vasco critica al Gobierno de Euskadi ante el terrorismo

Carlos Robles Piquer, Marcelino Oreja y otros dirigentes de Alianza Popular (AP) criticaron ayer la propuesta del Gobierno autónomo de hacerse cargo del mando de las fuerzas de seguridad del Estado en el País Vasco. Durante al presentación del tercer congreso del partido en el País Vasco, también apoyaron la reciente exigencia de los empresarios, que reclaman la formación de un acuerdo institucional y político para hacer frente al terrorismo.El congreso, al que asistirán 120 delegados, se iniciará y clausurará hoy mismo con un apretadísimo programa, que concede únicamente 10 minutos para la lectura y debate de cada una de las cuatro ponencias: política autonómica, estrategia política, salud pública y educación y cultura. El acto de clausura será presidido por Jorge Verstrynge, secretario general de AP.

Los contenidos de las cuatro ponencias no fueron ayer explicados, ni siquiera en sus líneas generales, y los dirigentes del partido centraron sus intervenciones ante los medios informativos en cuestiones de política general. Marcelino Oreja expuso una serie de medidas que su partido considera inaplazables para luchar eficazmente contra el terrorismo.

Exigió mayor coordinación a la Junta de Seguridad del País Vasco, cuya labor en los últimos 10 meses ofrece, a su juicio, un pobre balance. Pidió al Gobierno vasco una declaración firme y rotunda de apoyo a ¡as fuerzas de seguridad del Estado, y dijo que la disposición del Ejecutivo autónomo para hacerse cargo de la coordinación de la lucha antiterrorista no puede estar vinculada al proceso de transferencias. Invitó asimismo al Gobierno autónomo a prestar toda clase de información a la policía y a poner término a la supuesta separación entre el pueblo vasco y las fuerzas de seguridad del Estado.

El dirigente de Alianza Popular manifestó que su partido apoya decididamente la aceleración racional del proceso de transferencias a la comunidad autónoma vasca "hasta que se cumpla el marco autónomo de competencias", y señaló que tanto el Gobierno central como el Gobierno vasco incurren en gran responsabilidad y causan un grave perjuicio a los ciudadanos vascos al no activar el diálogo entre ellos en las actuales circunstancias.