El policía de bancos y banqueros

Durante los días que precedieron a la expropiación de Rumasa se produjo un torneo fatal, un pulso, con fuerte carga sicológica personal, entre el ciudadano Ruiz-Mateos, agobiado por, su presunta quiebra que le impedía negociar la entrega de datos y le impulsaba a vencer o a morir, y la poderosa, arrogante e inconmovible razón de Estado. Desde que Boyer tuvo el primer informe del Banco de España, "quemando en sus mano?, no pensaba en otra cosa, según sus colaboradores.La atmósfera de pánico oficial ante un posible desmoronamiento financiero era palpable: suspensión de pagos de Aluminio Español, y de Explosivos Rio Tinto, caída inconclusa de Banca Catalana, crisis de Banco Urquijo, etc. En la lista de crisis bancaria del Banco de España quedaba pendiente la carpeta de Rumasa. El banco emisor se basaba en suposiciones y. temores, pero cuando analiza las últimas auditorías parciales recibidas en pleno período electoral y las proyecta al conjunto del grupo presume hallarse ante una quiebra segura.

Altos directivos del Banco de España confirman haber detectado, en octubre de 1982, los primeros síntomas de un cáncer que siempre resultó ser mortal en todos los bancos en crisis: "los bancos de Rumasa se apuntaban como ingresos el cobro de intereses por créditos que nunca iban a cobrar porque habían sido concedidos a empresas en quiebra. Apuntando tales cobros, efectuados gracias a nuevos créditos incobrables de otros bancos hermanos y/o a través de empresas fantasmas, los bancos daban beneficios ficticios. Prácticamente ninguna empresa del grupo beneficiaria de créditos de bancos de Rumasa pagaba intereses. Apuntaban, por tanto, como crédito lo que era una pérdida. En esta situación, cuando se consolidan las cuentas del grupo, se derrumba todo."

Boyer cató el melón, sin querer comerselo entero

Con el temor a un derrumbamiento en cadena, Miguel Boyer -de carácter tímido, cartesiano, dubitativo e indeciso en la vida cotidiana pero capaz de heroicidades y sobresaltos repentinos- trató de catar el melón, quizás sin la pretensión (luego inevitable) de comérselo entero. El viernes, 18 de febrero, el superministro Boyer, iluminado y complacido tras un paseo triunfal de cinco horas por la Comisión de Economía, amenazó públicamente, durante un distendido almuerzo con la prensa con enviar sus inspectores a Rumasa si el 10 de marzo no cumplían el plazo para terminar la auditorías exigidas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

La consiguiente sangría de depósitos de los bancos de Rumasa fue inevitable y envalentonó a José María Ruiz-Mateos, quien andaba entonces a la caza de un culpable Ruiz-Mateos se apoyó en la pública advertencia de Boyer, considerándola como imprudencia lesiva para la presunta salud del holding.

Se lanzó al contraataque confiando en que el superministro diera marcha atrás o pagara su tanto de culpa permitiéndole alargar su agonía. Boyer trató por todos los medios de negociar una salida más barata a la ya inminente y acelerada crisis de Rumasa. Pedía datos reales a cambio de toda la ayuda necesaria para evitar una catástrofe. Pero el fundador de Rumasa no se engañaba a sí mismo. El poseía toda la información -quizás era el único del grupo que tenía acceso a toda la información, en la cúspide de una pirámide gerencial construida sobre compartimentos estancos e incomunicados- y sabía, por tanto, que la información sobre el grupo equivalía a la muerte.

El martes 22 de febrero por la tarde, antes de iniciar la rueda de prensa en la que desafiaba al joven y musculoso Gobierno socialista, tras negarse a aceptar la propuesta de Boyer sobre la entrega de auditorías directamente al Banco de España, Ruiz-Mateos conocía la situación del grupo. Mientras anunciaba a los cuatro vientos que era víctima de "la mayor agresión cometida en la historia de la economía española", tenía en su poder los listados, aún calientes, de su ordenador central, según. los cuales una sóla empresa, la holding Rumasa SA, arrojaba ese día pérdidas por valor de unos 45.000 millones de pesetas. Los gastos de Rumasa SA eran de 47.000 millones -principalmente intereses impagados a los bancos que financiaban a la cabeza matriz para que comprara más empresas con las qué alimentar la carrera desenfrenada y piramidal de obtención de liquidez- y unos ingresos de 2.000 millones.

La reacción del Gobierno fue inmediata. Con razón o sin ella, todos los ministros apoyaron sin dudar al ministro desafiado. Y, según declaró un alto funcionario de la Administracción, "para grandeza y para miseria del Gobierno, éste adoptó la medida expropiatoria autónomamente, como un acto de buena voluntad con el país, queriendo evitar así una catástrofe".

Al día siguiente de la expropiación, Boyer pidió al Banco de España una ampliación del informe anterior sobre Rumasa. El banco emisor elaboró y arropó técnicamente como pudo el cambio de estrategia, tras la heroica e inesperada decisión gubernamental.

Dos informes para una expropiación

El primer informe del Banco de España al Gobierno, del 10 de febrero de 1983, señala, bajo el epígrafe 2.4 "Expropiación", lo siguiente:

"Es obvio que esta medida elimina los inconvenientes de cualquier situación transitoria y excepcional ya que, con ser excepcionalísima, es definitiva. De todas maneras, no puede preveerse lo que puede ocurrir con los depósitos pese a que con esta medida pasarían a depender del sector público. Permitiría introducir a las entidades afectadas en una vía de normalidad, pese a la excepcionalidad del arranque, situando a los propietarios expropiados en una posición que permitiría la defensa de sus derechos e intereses. El inconveniente más grave de esta medida radica en la necesidad de que el Estado asuma inmediatamente la gestión de las entidades afectadas, por lo que requiere que previamente se pulse la posibilidad de inmediato control del sector o sectores que fuesen afectados por la medida. En definitiva, esta medida se apunta como meramente posible, pero dada su excepcionalidad requeriría un desarrollo minucioso y reposado tanto desde el punto de vista normativo, como en el aspecto operativo."

El segundo informe del banco de España, emitido, a petición de Boyer, al día siguiente de la expropiación, dice bajo el epígrafe 2.4 "Expropiación del grupo" lo siguiente:

"1. La expropiación del grupo en su totalidad presenta ventajas prácticas evidentes sobre otras medidas, aunque también inconvenientes. Por una parte, aleja de golpe y definitivamente el problema de la pérdida de confianza en los bancos ya que éstos pasan a pertenecer al sector público, lo que implica una garantía total de seguridad para su pasivo. Esto no evitará una reducción de depósitos, ya que los bancos tendrán que interrumpir prácticas irregulares o atípicas y se perderá el dinero que busca ocultación fiscal."

"2. Trata al grupo como una unidad"

"3. Medida definitiva y permanente, deslindándose el problema del justiprecio del valor en el momento de la expropiación de la futura evolución de ese valor."

"4. Permite la gestión inmediata del grupo y asegurar, con su carácter definitivo, la transferencia de lealtad de los cuadros medios".

"5. Problema: Asumción por parte del Estado de la gestión de sectores económicos lejos de su habitual actividad e interés, y que, en el curso normal de las cosas, difícilmente serían objeto de nacionalización por entender que la iniciativa privada es más eficaz en la gestión de esos negocios. Es necesario por estar inextrincablemente ligados por propiedad y financiación. En cualquier caso, todo indica que la actual gestión privada, como sucede con tantas empresas asumidas por el Estado, no ha sido buena. No se trata de comparar la supuesta ineficiencia del Estado con la eficiencia del buen empresario privado sino con la probada ineficacia de un empresario determinado, cuayas actuaciones espectaculares sólo han tenido como propósito ocultar aparentemente, agravándolo en el fondo, el deterioro de su situación."