La falsa restauración democrática de Turquía

Cuesta trabajo creer que la democracia vuelve hoy a Turquía cuando se oye a los líderes de los tres únicos partidos que concurren a las elecciones defender el golpe de, Estado de 1980. En sus intervenciones, los nuevos políticos que aspiran al Gobierno y a llenar el futuro Parlamento unicameral de 400 escaños, reconocen que la operación del 12 de septiembre de aquel año, que puso fin al Gobierno civil y democrático de Suleiman Demirel, era necesaria, incluso imprescindible para sacar al país del caos, de un estado de virtual guerra civil.

Para los políticos turcos de nuevo cuño, que han superado los filtros impuestos por los militares para poder concurrir hoy a las urnas, el hecho de que la ley marcial continue vigente, de que haya en marcha procesos masivos contra organizaciones sindicales, de que haya detenidas y condenadas decenas de miles de personas no supone una evidencia de que el país esté lejos de una auténtica normalización democrática. Se trata, simplemente, de que "la justicia siga su curso". Para ellos las reticencias y condenas exteriores son prueba, simplemente, de una indignante falta de comprensión, de que no se sabe cuál era la situación en Turquía antes de la operación efectuada por el general Kenan Evren, por entonces jefe del Esta do Mayor General.El apoyo a la intervención militar es, sin embargo, más amplio de lo que en principio se piensa, incluso se puede asegurar que es compartido por la mayor parte de una población que, en 1979 y 1980, no salía a la calle por temor a encontrarse una bala que llevase escrito su nombre. Nadie ha olvidado los tiempos nefastos en que la violencia terrorista se cobraba 20 vidas humanas cada día. Un diplomático cuenta cómo un tramo de carretera, en las afueras de Ankara, era la tierra de nadie en la que los extremistas de izquierda y de derecha cruzaban sus disparos desde dos colinas próximas ya enfrentadas. "Tenía que llevar cada viernes por esa zona a la chica que trabajaba en mi domicilio hasta la casa de sus padres", afirma, "y volverla a traer el lunes. Me jugaba la vida dos veces por semana".

Incluso hombres de izquierda, como Ugur Mumcu, columnista del diario de centro-izquierda Cumhuriyet, que perteneció a la Asociación Turca de la Paz (muchos de cuyos miembros se enfrentan ahora a un proceso masivo, bajo la acusación de propagar ideas comunistas) y que incluso estuvo en prisión tras otra intervención militar, la de marzo de 1971, reconoce abiertamente que el golpe de estado era inevitable y que, como tal, fue recibido por la mayor parte de una población que llegó a estar dominada por el miedo y la inseguridad. "Esto no significa", se apresura a añadir, "que esté de acuerdo con muchas de las medidas adoptadas por el actual régimen, como por ejemplo las restricciones a la actividad política, el modelo económico puesto en práctica o la forma en que se han planteado estas elecciones".

Antes del golpe, los partidos políticos turcos habían allanado el camino a la intervención militar al crear Gobiernos de escasa base cuya supervivencia, casi siempre frágil, se basaba en alianzas antinatura, incluso con partidos de tinte claramente fascista. Cuando en noviembre de 1979, el conservador Partido de la Justicia, de Suleiman Demiral, formó Gobierno, tuvo que apoyarse en la extrema derecha del Partido de Acción Nacional y el conservadurismo islámico del Partido de Salvación Nacional. La Asamblea Nacional ofreció el penoso espectáculo de más de 100 infructuosas votaciones para elegir al nuevo presidente de la República. Entre tanto el terrorismo aumentaba día a día su cuota de muertes y el poder civil, a pesar de declarar la ley marcial en gran parte del país, se veía impotente para frenar la violencia. Para completar el panorama, la situación económica era catastrófica.

Pero el Consejo de Seguridad formado por los jefes de las cuatro armas, no tenía ninguna varita mágica, ninguna fórmula secreta. Se limitaron a actuar con mano dura y a borrar casi todos los vestigios del régimen que acababan de derribar. Así, declararon la ley marcial en todo el país, detuvieron a los líderes políticos, suspendieron toda actividad partidaria, llenaron las cárceles de sospechosos de actos terroristas, cerraron periódicos y centrales sindicales, implantaron una férrea censura...

El intento de normalización

Pero conscientes de que, en Turquía, las formas de la democracia, e incluso su fondo, tienen un fuerte arraigo popular, y de que un régimen militar indefinido sería, en si mismo, un peligro para la estabilidad interna del país, además de un hándicap imposible de superar de cara a Europa, los militares decidieron la "vuelta a la democracia".En realidad, la palabra "democracia" ha estado siempre en la boca de Kenan Evren, desde el mismo día del golpe. Tal vez por ello, tuvo buen cuidado de mantener en lo posible las formas y nombró un Gobierno civil, que todavía preside Bulent Ulusu. Incluso creó una asamblea consultiva de 160 miembros (que hizo las veces de Congreso), en tanto que el Consejo Nacional de Seguridad (en funciones de Senado) ejercía de hecho todo el poder.

Los militares decidieron dar al país una nueva constitución cuyo desarrollo significaría que Turquía era, de nuevo, un país democrático. El proceso para su redacción y aprobación fue, en el mejor de los casos, muy discutible. Fue redactado por una asamblea que no había elegido el pueblo, corregida por el CNS y sometida a un referéndum en el cual el voto era obligatorio y la propaganda por el "no" o la abstención estrictamente prohibida y severamente castigada. Peor aún, las similitudes con los textos de las constituciones generalmente reconocidas como democráticas no eran abundantes. En los aspectos esenciales no sólo se otorgan al presidente fuertes poderes, sino que automáticamente, con la aprobación del texto, se nombra presidente, por un período de siete años, al propio Kenan Evren. El Consejo Nacional de Seguridad pasa a ser un consejo presidencial durante seis años, las medidas de la asamblea consultiva o del CNS están exentas de toda alegación de responsabilidad legal, financiera o criminal... Casi todos los derechos individuales o colectivos reconocidos en la Constitución van seguidos de restricciones que desvirtúan. buena parte de su contenido. Los sindicatos no pueden tener objetivos políticos: la huelga general, la política o la de solidaridad están prohibidas; los partidos políticos no pueden tener ramas femeninas o juveniles ni tampoco lazos con sindicatos u otras organizaciones; el artículo 69 prohíbe a los miembros fundadores y, administradores, de los partidos disueltos (todos los anteriores al golpe militar) que ocupen cargos similares en un partido de nueva creación; un artículo provisional, el número 4, impide que los dirigentes de los viejos partidos puedan formar organizaciones políticas durante un período de 10 años, así como ser candidatos, ni siquiera como independientes, en las listas de los que puedan crearse. Similares prohibiciones, por un período de cinco años, se imponen a quienes eran senadores o diputados en enero de 1980.

Los nuevos partidos

La nueva ley fundamental, que venía a sustituir a la de 1961 (considerada por los militares como fuente de la que manó la inestabilidad del sistema antes del golpe), fue aprobada el 7 de noviembre de 1982, con el 91,46% de los votos emitidos. El régimen de los generales abría la puerta para la vuelta a un régimen civil del que no están dispuestos a perder el control. Es lo que se ha denominado "democracia engalonada".

En tanto los militares se vanaglorian de que han logrado que la violencia terrorista pase de causar 30 muertos cada día a causar un muerto cada 30 días, entra en vigor (el 24 de abril de 1983) una nueva ley sobre los partidos políticos. A partir del 16 de mayo, las nuevas formaciones comienzan a presentar su documentación; será la prueba de fuego de las intenciones liberalizadoras del régimen militar. De entrada, la formación más madrugadora, el Partido de la Gran Turquía, a cuyo frente aparece el general retirado Alí Fethi Esener, es prohibida a los 11 días de su inscripción, por considerarse como un intento de resurrección del Partido de la Justicia, muchos de cuyos antiguos miembros aparecen en la lista de fundadores.

Varias otras formaciones serán admitidas y cobrarán vida legal, pero sólo tres de ellas pasarán el doble filtro impuesto: sobre la listas de fundadores y candidatos. En el camino se quedan el Partido Socialdemócrata, Sodep, a pesar de que, tras el veto a su líder, Erdal Inonu (hijo del ex primer ministro y ex presidente, Ismet Inonu), se pone al frente a Cezmi Kartay. La censura es sensible al aroma a Partido de la Justicia que desprende el Partido de la Recta Vía al que también se impide ir a las urnas.

El menú de la casa

El diario derechista Tercuman ha expresado irónicamente la situación que plantean estas elecciones: "Los votantes tendrán ante ellos sólo un menú de la casa y, aunque prefieran comer a la carta, tendrán que conformarse con lo que se les sirva, o quedarse con hambre.".

Evidentemente, los militares se han cuidado mucho de que se les colara (era imposible. con sus filtros) ninguna candidatura peligrosa. Los tres partidos que concurren a las elecciones comparten lo fundamental y difieren en lo accesono aunque, durante la campaña, se hayan esforzado en resaltar las diferencias y en dejar claro que el rumbo del país será diferente, según que gane uno u otro.

Estos son los tres contendientes: el Partido de la Democracia Nacionalista (PDN) fue considerado desde un principio como la opción Evren. No sólo su presidente es un general, Turgut Sunalp, de 66 años, sino que en sus listas se presentan como independientes el actual primer ministro, Bulend Ulusu y varios miembros de su gabinete. Esta impresión fue claramente confirmada al final de la campaña electoral cuando Evren, en un discurso radiotelevisado, pidió sin tapujos el voto para el programa de este partido, que representa la "ley y el orden". Que se plantea, como objetivo declarado prioritario, evitar la vuelta al caos anterior a la operación militar.

El Partido de la Madre Patria (MPM) tiene al frente a quien fuera asesor económico del último Gobierno Demirel, Turgut Ozal, de 56 años, que, tras el golpe, no sólo no fue purgado, sino que pasé a convertirse en viceprimer ministro encargado de la dirección económica, hasta que un escándalo financiero provocó su dirnisión en julio del año pasado. Es el hombre del Fondo Monetario Internacional, el adalid de la iniciativa privada, de la desestatalización de la economía. Pretende que la explotación del puente sobre el Bósforo (que une a Europa y Asia) pase a manos privadas. Es, para Ugur Municu, columnista. del Cumhuriyet, el mayor peligro para Turquía, una clara amenaza de fascistización y de caer en las manos del Fondo Monetario Internacional.

El Partido Populista (PP) juega la baza de la socialdemocracia y busca los votos de una izquierda que no tiene a quien votar hoy. Su líder, Necdet Calp, de 61 años, fue secretario de Estado con un gobierno de Ecevit, amigo de éste, pero se subió al carro del golpe e incluso ha sido subsecretario con el Gobierno de Ulusu. Es el destinado a perder, por más que Calp insistía en afirmar que hoy "habrá una sorpresa para muchos, pero no para nosotros". Para el líder del PP, éste es el único partido auténticamente independiente y los fondos que sus rivales están empleando para financiar su campaña demuestran que, en el futuro, tendrán que pagar una factura.

Las poca fiables encuestas dan como ganador a Ozal. Es el único candidato que los turcos conocían antes de que se convocaran las elecciones. Sabe hablar ante las cámaras, tiene carisma, promete expansión económica y protección a las clases medias. Su posición de priviligio se ha visto afectada sin. embargo, en el final de campaña al romper Evren la neutralidad y resaltar las diferencias que le separan de Ozal.

Pero no se descarta que el futuro guarde una fórmula de coalición entre el PDN y el PMP, con un hombre de la conflanzade los militares a la cabeza del Gobierno, el actual primer ministro. Sería, quizá, la mejor prueba de que la continuidad no se rompe con estas elecciones.