Criterios enfrentados sobre la policía autónoma de Cataluña bloquean la Junta de Seguridad

La paralización de la Junta de Seguridad de Cataluña impide en la práctica el ejercicio de las escasas competencias de la Generalitat en materia de seguridad ciudadana. No está muy claro, sin embargo, si la causa de este frenazo radica sólo en la voluntad de la Administración central o en la locuacidad de Miquel Sellarés, el responsable de la policía autonómica, que en menos de un año se ha granjeado la animadversión de los cuerpos de policía con los que debe colaborar. Y no se sabe tampoco si esta desconfianza existe sólo a causa de la locuacidad de Sellarés.

Esta junta está compuesta de forma paritaria por una representacíón de la Administración central y otra de la Generalitat. Y, he aquí la clave, se le atribuye también la determinación del "estatuto, reglamento, dotaciones, composición numérica y estructura, el reclutamiento de la policía de la Generalitat, cuyos mandos serán designados entre jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ( ... )".Pujol intentó que se decantara a favor de la Generalitat Un punto que la Constitución y el Estatut habían dejado abierto: la presidencia de la Junta de Seguridad. Su empeño resultó vano. Después de arduas negociaciones, el artículo 6 de su reglamento "establece como básico el principio de igualdad entre todos los miembros de la Junta de Seguridad". Y en el artículo 9 se determina que "a efectos funcionales" su presidencia será ejercida "conjuntamente por los dos representantes de cada parte, sin ningún tipo de subordinación entre ellos".

La Dirección General de Seguridad Ciudadana catalana había sido creada el 28 de noviembre de 1980, pero permaneció vacante hasta que el 17 de febrero de 1983 Miquel Sellarés fue nombrado su titular. Para evitar tropiezos políticos, Sellarés se rodeó de colaboradores que lo hubieran sido también del partido socialista. Los socialistas Ildefons Valls y Jaume Curbet, director de la Escuela de Policía Autonómica y asesor de la dirección general, respectivamente, constituyeron con Sellarés el núcleo dirigente.

La locuacidad de Sellarés

Los tropiezos le han venido, sin embargo, de otra parte. Sellarés dio a conocer muy pronto su opinión sobre la obligación constitucional de nombrar a los jefes de la policía autonómica entre los oficiales de las Fuerzas Armadas, que consideró "una aberración". Dio a conocer también sus ideas sobre las funciones que deberían llevar a cabo las policías locales, autonómicas y estatales, en un diseño que resulta muy alejado de la actual realidad.Y así, el locuaz director general de Seguridad Ciudadana y el portavoz de la representación del Gobierno central en la Junta de Seguridad, el gobernador civil de Barcelona, Ferran Cardenal, se han convertido en la expresión de las diferentes concepciones que sustentan ambas administraciones. La última expresión pública de esta diferencia de fondo fue puesta de manifiesto el jueves pasado por el teniente general Sáenz de Santa María, que calificó la creación de la policía autonómica como un lujo para el país.