Los accionistas privados de Campsa no tendrán representación en los órganos de gestión

El proceso de reordenación del subsector de hidrocarburos ha entrado en la segunda fase, tras concluir el viernes pasado la Oferta Pública de Adquisión de Acciones (OPA) que el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) puso en marcha hace dos meses para hacerse con el 100% de las acciones de Campsa. Portavoces autorizados del INH calificaron el resultado de la OPA de "todo un éxito", aunque alrededor de un 3% del accionariado quedará, sin representación en los órganos de gestión, en manos privadas. Por otro lado, parece estar en una fase avanzada la valoración de la red primaria de distribución de productos petroleros por parte del Ministerio,de Economía y Hacienda, situándose su valor en algo menos de 100.000 millones de pesetas.

Según los datos disponibles al término de la OPA, fue una parte de los 18.000 accionistas privados, que poseen menos de 100 acciones cada uno, los que decidieron no aceptar la oferta`de venta de sus valores al 250% de su cotización nominal. Todo indica que, salvo algunos casos concretos, los que no vendieron lo hicieron porque no tuvieron conocimiento de la OPA o porque su número de acciones era tan pequeño que ni se molestaron en acudir a las entidades de crédito o a los agentes de bolsa a intercambiar sus efectos.Teniendo en cuenta que el número de acciones sometidas a la OPA era de casi nueve millones -el 45% del capital social, con un valor de algo más de 10.000 millones de pesetas-, la Oferta Pública puede caracterizarse como un éxito. Todas las entidades accionistas o con una cartera muy importante decidieron vender e incluso se comprometieron a recomendar la venta a los accionistas privados clientes suyos.

El resultado final puede resumirse en que un 97% de Campsa es ya del INH y que se puede proceder a la segunda fase del proceso de reordenación del sector de hidrocarburos, consistente en el traspaso a la nueva sociedad de la red primaria de transporte -oleoductos, flota, etc.- de petróleoy productos que, propiedad del Patrimonio del Estado, usufructuaba la compañía arrendataria del monopolio. Queda pendiente, sin embargo, la valoración de esa red, para la que se nombró una comisión dentro del Ministerio de Economía y Hacienda, que se situaría en torno a los 100.000 millones de pesetas. Una vez traspasada la red a Campsa, las compañías refinadoras españolas entrarán en el capital de la sociedad con la distribución accionarial acordada en el documento que se firmó el pasado junio.

Al no alcanzarse el objetivo de convertir a Campsa en un 100% pública, algunos medios del sector petrolero estiman que la operación de reordenación del sector puede estar sujeta a incertidumbres. Si lo que se perseguía era que Campsa tuviese, aparte del Estado, sólo refinadores entre su accionariado, y que la compañía fuese la distribuidora única de sus productos, dentro de una maniobra de defensa de sus intereses frente a la eventual entrada en la Comunidad Europea, es muy Posible que en ese 3% que no quiso vender se cuelen accionistas no previstos.

Al parecer, entre los propietarios de ese 3% se encuentran distribuidores independientes de productos petrolíferos -concretamente, dos conocidos gasolineros-, cuyas intenciones al rechazar la OPA permanecen oscuras. Algunos creen ver que persiguen sólo hacerse oír en las juntas generales de la sociedad, mientras que se sospecha que su intención puede ser crear un sindicato de accionistas y hacer valer sus voluntades minoritarias en los órganos de gestión. Sin embargo, para estar representados en el consejo de administración, compuesto de 16 personas, necesitarían algo más de un 5%, lo que no sucede. Por tanto, su representación está descartada.

Por otro lado, el riesgo de que vendan su participación minoritaria a una compañía extranjera es nulo. Los estatutos de Campsa prohiben la participación extranjera. Además, el porcentaje de acciones que podrían obtener es tan pequeño, que no tienen derecho ni siquiera a un consejero. No obstante, sí podrían forzar a una modificación de los acuerdos entre Gobierno y refinerías, al no alcanzarse el 100% previsto.