Detenido el representante de Ruiz-Mateos en Sevilla por el escándalo de Rumasa
El representante en Sevilla de José María Ruiz-Mateos, anterior propietario de Rumasa, Rafael Oñós Caro, ha sido detenido por la policía en relación con el nuevo escándalo descubierto en el holding de la abeja, consistente en una presunta estafa, con posible malversación de caudales públicos, para cuya realización se utilizó el nombre de un alto cargo de la Administración socialista.
El portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, confirmó ayer toda la información sobre este caso facilitada en los últimos tres días por EL PAÍS y manifestó que no podía dar más información porque el asunto está sub júdice. Las diligencias sobre este nuevo escándalo se tramitan en tres juzgados. Además de Oñós Caro hay otras dos personas detenidas: el inspector del Cuerpo Superior de Policía Juan José Medina y el empresario del alcohol José Moisés Domínguez Saiz. La policía parece que le sigue la pista a una cuarta persona, el también industrial Román Cantarero, propietario de la empresa madrileña Alcoholeras Reunidas, SA, cuyo paradero se desconoce.Aunque no hay aún una versión oficial sobre este escándalo, parece que el policía. Medina, aprovechando su pertenencia al equipo que investigaba las irregularidades de Rumasa, contactó con el empresario José Moisés Domínguez para realizar una operación de venta de una empresa oleícola al anterior propietario del holding de la abeja.Para esta operación, que incluía la salida de una partida fraudulenta de aceite, se utilizaron letras de cambio firmadas aparentemente por José María Ruiz-Mateos después de que Rumasa fuera expropiada, aunque en estas letras la fecha de aceptación es posterior a la expropiación. Con ello se pretendía que esta empresa apareciera como una de las sumergidas de Rumasa.
En medios oficiosos se aseguraba que la operación de venta se fijó, al parecer, en 400 millones de pesetas. Ruiz-Mateos confirmó que Domínguez le había hecho una oferta, aunque negó su implicación en el caso. Según él, se quería hacer desaparecer del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) una partida de aceites y alcoholes valorada entre 7.000 y 8.000 millones,
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