Contra la ley de Reforma Agraria

Los empresarios andaluces, según expone en este artículo el presidente de su confederación, se oponen tajantemente al anteproyecto de ley de Reforma y Desarrollo Agrario elaborado por el Gobierno andaluz. Según ellos, afecta rotundamente al derecho a la propiedad privada y atenta contra la libertad de empresa.

Cuando en el pasado mes de abril se llevaron a cabo las inconcebibles agresiones por parte de la Administración anunciando la expropiación de cinco fincas en la provincia de Córdoba, los empresarios andaluces comenzamos a sospechar que no se trataba sólo de un error meramente burocrático. En aquel momento, la precipitación del Gobierno en su anuncio de expropiación evidenció claramente cuáles eran los ánimos del partido socialista, para quien el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa, recogido como norma fundamental de nuestro texto constitucional, tenía dudosas interpretaciones.Por aquel entonces se dio marcha atrás; pero el anuncio de un anteproyecto de ley de Reforma Agraria nos produjo a los empresarios un estremecimiento ante el inminente futuro. Ello no significó un recelo por nuestra parte a la hora de ponemos a trabajar, y de esta manera depositamos todos nuestros esfuerzos en tratar con la Junta de Andalucía, con el único interés de colaborar y mantener estrechas relaciones de intercambio de información y cooperación. Pero nuevamente fuimos defraudados. La voz de CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía) no fue escuchada, no fue consultada y, en consecuencia, nos vimos abocados a esperar, pacientemente el borrador del anteproyecto de ley de Reforma Agraria, en el que no se ha contado en absoluto con quienes día a día fomentamos el beneficio y la riqueza de numerosas familias andaluzas, manteniendo y creando nuesto,s de trabaio en el campo.

Serenidad y cordura

Nuestra reacción desde la serenidad y la cordura nos impide asumir una ley que sólo conseguiría impedir que Andalucía salga del atraso económico en que se encuentra, al contemplarse en el anteproyecto una ley que incluye una afectación a la propiedad privada o a su uso y que tiende, mediante medidas de aparente mejora de la productividad, a colocar fuera de la legalidad a capitales que hoy están perfectamente utilizados.

La expropiación consistente en la privación del derecho al uso que se desprende de la lectura de algunos artículos de la ley afecta rotundamente al derecho a la propiedad privada y entraña un serio riesgo atentatorio contra la libertad de empresa, y que, como se ha demostrado cuando se ha implantado en otros lugares, no ha tenido resultados eficaces.

La creación de un impuesto sobre tierras infrautilizadas como tributo propio de la Comunidad Autónoma andaluza supone en realidad una confiscación paulatina, en tanto que no es un impuesto que recaiga sobre los beneficios, sino directamente sobre el patrimonio con el que el empresario debería hacer frente a sus propias pérdidas y a las que le origina la ley, penalizando el riesgo empresarial.

La responsabilidad del Gobierno andaluz en esto es clara: resolver el probleiha de puestos de trabajo, no desequilibrar el mecanismo de costes de la empresa agraria, y crear las bases de una economía agrícola bien abastecida y competitiva no se logra poniendo contra la pared al empresario que, asumiendo un riesgo, fomenta el beneficio económico para la región.

Andalucía no puede salir adelante por sí sola si no es con el esfuerzo de todas las instituciones y cuerpos sociales, sin rechazar a ninguna de las partes. En este sentido, el desarrollo que establece la ley con respecto al empresario agrícola se nos aparece como claramente discriminatorio. Es de sobra conocido que la asunción de riesgos por parte de la empresa privada debe conllevar un beneficio que redunde en todos los niveles económicos de la empresa. Con dicho beneficio pueden realizarse la financiación de los costes laborales y de producción, y extraerse posteriormente partidas presupuestarias que sirvan para el crecimiento y la expansión de la propia empresa. ¿Puede alguien, por tanto, figurarse que el empresario no pretenda la máxima obtención de beneficio posible y que en su interés no obren las más claras intenciones para una producción" competitiva?

Sin embargo, parece casi imposible que el empresario asuma dichos riesgos, dado que sobre él se ciemen las amenazas que se indican en la ley, pues es razonable pensar que en el nivel de cada comarca siempre habrá unos mínimos de productividad que podrían suponerle una expropiación forzosa. Es más, la ley de Reforma y Desarrollo Agrario posee capacidad de actuación sobre las fincas de una comarca aunque las propiedades hayan sido bien explotadas. Con ello entraríamos de lleno en una clara política de socialización del campo.

Por otro lado, la discriminación de la empresa andaluza es patente en comparación con la del resto de regiones y comunidades autónomas de España. El anteproyecto de ley, que viene a romper la unidad del mercado, sólo conseguiría la distracción de partidos inversionistas, que irían a parar a otras comunidades autónomas en las que la inversión empresarial tuviera mayores garantías de libertad y desarrollo económico.

Tampoco contempla el anteproyecto cuáles son los pasos a seguir para establecer,una infraestructura que permita la comercialización y exportación de los productos agrarios. No basta sólo con una ley que establezca mejoras de la productividad sino que es preciso comercializar los productos otorgándoles el valor afladido de transformación en industrias derivadas de la agricultura, que abarquen a más sectores además del agroalimentario.

Los empresarios que hemos dado pruebas repetidas, veces de nuestro apoyo y solidaridad democrática con las instituciones y cuerpos representativos de los poderes públicos reclamamos ahora para hacer nuestro el derecho a la defensión jurídica y a la igualdad ante leyes comunes para todos los pueblos y comunidades de España.

Transmisión de tierras

La transmisión de las tierras de Rumasa suponeun grave incumplimiento de los compromisos de reprivatización asumidos por el Gobierno central. La reforma agraria en Andalucía que todos esperamos y deseamos no puede establecer criterios discriminatorios impropios de un Estado social de derecho. No pueden ni deben buscarse culpables a una situación penosa y lamentable que se arrastra desde hace cientos de años. Los empresarios hemos apostado por la competitividad y por el bien social de Andalucía, que tanto nos preocupa. Que la ley no formule las medidas de ayudas a las empresas, que son las que auténticamente pueden generar empleo, y que no se contemplen las consecuencias de la reforma de la misma, cara a la integración en la Comunidad Económica Europea, nos parecen lagunas incomprensibles.

En tanto que una ley que, como sus mismos autores reconocen, no va a contribuir a la creación de empleo se olvide de que éste constituye uno de los principales problemas de Andalucía, no nos parece a los empresarios que pueda ser una ley viable. Todo ellonos impide aceptar razonablemente este anteproyecto.

es presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).