CC OO de la Administración y de Correos convocan paros para los días 3 y 8 de noviembre
La federación sindical de CC OO de la Administración pública ha convocado huelga legal para presionar por la negociación de una plataforma-convenio para 1984 y por la reforma de la función pública. Los paros tendrán lugar los próximos días 3 y 8 de noviembre, y coincidirán en la segunda jornada de huelga con la convocada por el sindicato de Correos de CC OO por las mismas razones.Pilar Arroyo, secretaria general de la federación de la Administración pública del citado sindicato, señaló ayer que "hasta el momento no se ha tomado ninguna medida de racionalización de la función pública". Al mismo tiempo, subrayó que se había producido un continuo incumplimiento de las promesas de la Administración en lo que se refiere a negociaciones anteriores. En este sentido destacó el pago de los incrementos salariales para 1983, que en algunos casos no han sido aún satisfechos; los retrasos en la remisión a las Cortes de la ley de Reforma de la Función Pública y la clasificación de los contratados administrativos, que, a pesar de existir un compromiso de llevarla a cabo antes del 15 de julio, todavía no se había puesto en práctica.
Según sus palabras, por parte de la Administración se ha producido una total negativa a la negociación de los, temas pendientes, "limitándose a convocar unilateralmente a los sindicatos en reuniones de una total ineficacia".
Pilar Arroyo mostró el rechazo de su organización a las medidas retributivas adoptadas: 6,5% de incremento y su redistribución, que ha sido elaborada "unilateralmente por miembros de la dirección de UGT de la Administración y personal del Ministerio de Hacienda". Esta distribución adolece, a su juicio, de aspectos negativos, como el que el reparto inversamente proporcional no afecte a subdirectores y cuerpos con incentivos de productividad, que "son los únicos que han mantenido desde 1980 su poder adquisitivo".
Por su parte, el sindicato de Correos de CC OO ha convocado huelga el próximo día 8 por la mismas razones. Fuentes del mismo subrayaron que, además de oponerse al tope salarial del 6,5%, se estaba produciendo un reiterado incumplimiento de las reformas anunciadas por la nueva dirección.
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