El inspector de policía Medina, presuntamente implicado en una supuesta estafa cometida en Rumasa tras la expropiación

El Gobierno conoce desde hace varios días un complicado problema, en relación con Rumasa, en el que supuestamente están implicadas varias personas, entre ellas Juan José Medina Lozano, inspector del Cuerpo Superior de Policía que participó muy activamente en las investigaciones sobre las irregularidades de este. grupo empresarial y que permanece incomunicado desde hice varias semanas en una comisaría de Madrid. El Ministerio del Interior guarda oficialmente el más absoluto silencio en torno al caso. Esta reserva oficial es interpretada como un intento de evitar un escándalo sobre Rumasa en un momento en que está próxima la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la expropiación del holding de la abeja.

El asunto en cuestión encierra un supuesto de estafa, con uso abusivo, la existencia de letras de cambio firmadas aparentemente por el propio José María Ruiz-Mateos con posterioridad a la expropiación del holding, indicios sobre la obtención de una fuerte suma de dinero por parte del citado policía y la utilización del nombre, al parecer indebidamente, de un alto cargo del Gobierno. Las diligencias han pasado al juez.Aunque no existe información oficial al respecto, dadas las precauciones adoptadas en este sentido por el Gobierno, éste periódico ha podido saber, tras consultar varias fuentes, que el supuesto escándalo gira en torno al inspector del Cuerpo Superior de Policía Juan José Medina, actualmente acusado de sustraer documentos, entre ellos algunos relacionados con Rumasa. Medina está actualmente aislado en la comisaría de Carabanchel, de Madrid.

Según las informaciones obtenidas por la policía, el inspector Medina, haciendo uso de su condición de funcionario destacado en las investigaciones sobre Rumasa, parece que intervino en una operación de venta al anterior propietario del grupo, José María Ruiz-Mateos, de una empresa dedicada a. la exportación de aceites. La venta, en la que participó una tercera persona, puede haberse producido después de la expropiación del holding. La operación se hizo con letras de cambio giradas contra bancos de Rumasa, que fueron firmadas, al parecer, con posterioridad a la intervención estatal del citado grupo empresarial, aunque en ellas figura una fecha anterior.

Estos datos han sido descubiertos, al parecer, con pruebas documentales, por funcionarios de la actual Brigada de Interior, que dirige el comisario Alberto Elías. Hay constancia de dos documentos fotocopiados en los que se puede comprobar la existencia de una misma letra numerada, que en un caso está sin firma y en el otro aparece la supuesta rúbrica de Ruiz-Mateos, con una referencia en ambos casos que perinite establecer

su posterioridad a la fecha de la intervención pública, del holding cuando ya el anterior propietario de Rumasa había perdido la capacidad jurídica de actuar en nombre de su grupo. Siempre según los testimonios recogidos, el importe de esta operación puede represen tar una cifra del orden de los 400 millones de pesetas.

Los hechos, sin embargo, parece que no se limitan, a esta operación, ya que inmediatamente surge la venta de una partida de 3.000 litros de aceite, cuyo importe habrían de repartirse, siempre según las informaciones obtenidas, a razón de dos tercios y, un tercio, entre una persona que podría estar ligada a la propiedad de la empresa supuestamente adquirida por el ex presidente de Rumasa y el policía Juan José Medina, respectiva.mente. La relación entre el aparente traspaso de la sociedad oleícola y la venta de esta partida de aceite no aparece aún excesivamente clara, dadas las dificultades para acceder a la información.

Actuaciones por aclarar

Quedan también por establecerse las actuaciones respectivas del Servicio Nacional de Producción Agraria (Senpa) y la Dirección General del Patrimonio del Estado, que en uno u otro momento debieron tener conocimiento de la existencia de estas operaciones. En medios oficiosos se baraja la posibilidad de la utilización del nombre de un alto cargo de la Administración socialista para tratar de evitar las prevenciones que en pura lógica estas operaciones pudieron haber desatado en estos organismos.En medios del Ministerio del Interior se reconoce la existencia de este escándalo, en el que aparece implicado este funcionario policial, aunque existe orden expresa de evitar cualquier tipo de filtración. Recientemente, el ministro del Interior compareció en el Congreso de los Diputados, a instancia del representante comunista, Santiago Carrillo, que le había formulado una pregunta sobre la situación del policía Medina, cuya verdadera motivación quedó diluida por el asesinato del capitán de Farmacia Alberto Martín. Barrionuevo citó al día siguiente a Carrillo a su despacho y le comentó algunos aspectos que no han sido hecho públicos por el momento.

También hubo recientemente un encuentro en el Ministerio del Interior entre el propio Barrionuevo y el abogado de Medina, Juan Lozano, en el curso del cual salieron a relucir diferentes aspectos de este caso. Fuentes oficiales del Ministerio del Interior han reiterado en los últimos días su intención de no facilitar ningún tipo de información al respecto y se remiten a la resolución del expediente judicial.