El juicio contra 12 funcionarios de Herrera de la Mancha se celebrará en 1984

La Audiencia de Ciudad. Real ha fijado para el 6 de marzo de 1984 la vista del juicio contra el director, dos jefes de servicio y nueve funcionarios de la cárcel de Herrera de la Mancha, según informaron a EL PAIS los letrados de la acusación particular. En la misma resolución, la Audiencia ha levantado la suspensión de empleo que pesaba sobre los doce funcionarios procesados por malos tratos a los reclusos del centro. La decisión de señalar el juicio en marzo del próximo año ha causado malestar entre los abogados de la acusación, que han anunciado su intención de recurrir la resolución de la Audiencia de Ciudad Real. Los acusadores entienden que es una demora de tiempo innecesaria, y que si el juicio se celebrara el próximo mes no habría necesidad de levantar la suspensión de empleo de los procesados.

Los abogados aducen que es perfectamente posible celebrar el juicio en un plazo breve, ya que el sumario está terminado hace dos años, y que el período de, calificación concluyó el pasado mes de julio, con el informe del abogado del Estado. Añaden que en Ciudad Real no se celebran muchos juicios, por lo que la Audiencia no tiene problemas de fechas.

Reintegrados

Los funcionarios, que fueron suspendidos en el ejercicio de sus funciones consecuentemente con el procesamiento, se reintegrarán a sus puestos de destino en el citado penal, con excepción del director, que es un cargo de libre designación. La decisión de la audiencia, tomada antes de la celebración del juicio., ha sorprendido a los abogados denunciantes, ya que se ha adoptado sin oir al fiscal ni a las acusaciones. La audiencia justifica su acuerdo "habida cuenta del carácter excepcional que ha de tener toda medida cautelar" y por no ser ya en este momento procesal necesaria la subsistencia de la misma.Los procesamientos de los funcionarios, a raíz de una querella por torturas, se produjeron en noviembre de 1980, para cinco de ellos, y en julio de 1981, para el director, Santiago Martínez Motos, y otros seis funcionarios. Sin embargo hasta últimos de agosto no fue dictado el auto del juez de Manzanares en el que éste ordenaba la suspensión de empleo de los procesados. La mayor parte de los acusados han continuado ocupando sus viviendas en el centro penitenciario mientras ha durado la suspensión, lo cual originó la reiterada protesta de los abogados que denunciaron las torturas. El fiscal calificó los hechos cómo abuso en el ejercicio de sus funciones profesionales y pide cuatro años de suspensión.