Vista del recurso contra el procesamiento de Ruiz-Mateos en la Audiencia Nacional

El recurso de apelación contra el auto de procesamiento del ex presidente de Rumasa y su secretario de confianza, Jose María Ruiz Mateos y José Díaz Hidalgo, respectivamente, se celebró ayer ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En representación de los procesados intervino el catedrático catalán Jorge Carreras, que solicitó la revocación del procesamiento y la tutela efectiva de la ley para sus patrocinados, y anunció la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, para el caso de que su recurso no prospere.

El fiscal, Fernando Jiménez Lablanca, y el representante de la tesorería general de la Seguridad Social, Paulino Jiménez Moreno, solicitaron la confirmación de los procesamientos, debido a que, según ellos, hay indicios racionales de criminalidad más que suficientes en la conducta de Ruiz-Mateos y Díaz Hidalgo para que continúen procesados. Carlos Quintas, que también fue procesado por el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, no recurrió contra su procesamiento.En primer lugar intervino Jorge Carreras, que asistió a la vista acompañado por Crispín de Vicente, letrado que lleva la dirección del nuevo equipo jurídico de Ruiz-Mateos.

Carreras dijo que la acusación está formulada por tres grupos de hechos: la defraudación al fisco y a la Seguridad Social, los trasvases entre cuentas bancarias y las infracciones al control de cambios. Señaló que cada banco de Rumasa es una persona jurídica distinta con un consejo de administración diferente al del resto, y que lo mismo ocurría con las empresas. Por tanto, si alguna de ellas había dejado de pagar impuestos, no podía ser achacable a Ruiz-Mateos, ni a Díaz Hidalgo.

El defensor de Ruiz-Mateos afirmó que la sobrevaloración de los activos de Rumasa solo podía perjudicar a los accionistas, que eran los Ruiz-Mateos. Añadió que el Tribunal Supremo ha cuestionado la constitucionalidad de la Ley sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios, y que, por tanto, habría que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie, antes de acusar a Ruiz-Mateos de hechos que pueden no ser delictivos.

Pagar poco y tarde

Carreras insistió en que Díaz era el secretario de confianza de Ruiz-Mateos y que en su vida dio una orden, y que el ex presidente de Rumasa no podía ser responsable de todas las acciones realizadas en el holding.Paulino Jiménez, representante de la Seguridad Social, pidió la confirmación del procesamiento, porque aunque pagaba la cuota obrera, no pagaba la empresarial, lo que constituye delito.

El fiscal, Fernando Jiménez Lablanca, argumentó que había que hacer poco para ver lo lógico del procesamiento, y que no existían prejuicios contra Ruiz-Mateos. Precisó que de los 60.000 puestos de trabajo controlados por Ruiz-Mateos, la mayoría no fueron creados por él, sino comprados en ventajosas condiciones económicas y en situaciones de difícil viabilidad. Ruiz-Mateos tenía como norma pagar lo menos posible y lo más tarde posible al Estado, por lo que está lejos de lo que debe entenderse como honestidad profesional.

Calificó la actitud de la defensa como manía impugnatoria y afirmó que había indicios de criminalidad más que suficientes en los impuestos retenidos no pagados a Hacienda, que tenía durante todo el año en la cuenta de acreedores y al ejercicio siguiente se incluía en la cuenta de resultados. Respecto a los errores en las sumas, el jefe de informática recibió instrucciones de Ruiz-Mateos para que cometiera esas equivocaciones. Señaló que en los bancos de Rumasa había cuentas corrientes de personas físicas imaginarias con la finalidad de pagar extratipos.