Empiezan los embargos contra empresas implicadas en el fraude a la Seguridad Social

El Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha iniciado los procedimientos de embargo preventivo contra el patrimonio de empresas implicadas en el fraude a la Seguridad Social, para hacer frentea la responsabilidad civil que pueda derivarse del sumario. Los embargos contra el patrimonio de las empresas se producen en los casos de previa declaración de insolvencia personal de los directivos y empresarios procesados.

Los empresarios procesados tienen atribuida la responsabilidad principal, civil y penal, en los autos de procesamiento por estafa, falsedad de documentos y cohecho. La primera de las órdenes de embargo ha sido dictada -y notificada el miércoles- contra la empresa Fábrica Electrotécnica Josa, de Rubí, dedicada a la fabricación de pequeño material eléctrico, con una plantilla de 1.600 trabajadores.Josa atraviesa en la actualidad dificultades financieras y se halla acogida a un expediente de regulación temporal de los contratos laborales. La incidencia de esta gran empresa en la población activa de las localidades industriales de Rubí y Terrassa provocó el pasado mes una dura protesta ciudadana, con manifestaciones de varios millares de personas, ante la inestabilidad laboral de la empresa. En la actualidad, sin embargo, el comité de empresa gestiona con la autoridad laboral un plan de viabilidad para la entidad.

Preocupación sindical

La orden de embargo preventivo contra parte del patrimonio de la entidad ha originado gran preocupación en medios sindicales, por el peligro que puede significar para la estabilidad de las 120 empresas catalanas implicadas en el sumario, con una plantilla global de 18.000 trabajadores.

La acusación popular, ejercida por el sindicato de CC OO, solicitó hace varios meses al juzgado instructor que las fianzas establecidas para hacer frente a la responsabilidad civil de las cantidades defraudadas recayeran, en caso de ser insolventes los gerentes y directivos procesados, sobre el patrimonio particular de los accionistas de las empresas y no sobre el activo social de aquéllas.

La petición tropieza con la dificultad de la legislación mercantil sobre sociedades anónimas, que exime personalmente a los accionistas y atribuye cualquier responsabilidad al patrimonio de las sociedades. Sólo la jurisprudencia de carácter laboral registra excepciones, aunque escasas, a la norma general, habiéndose condenado en contadas ocasiones personalmente a accionistas de empresas al pago de obligaciones laborales, siempre en el caso de probarse su intervención personal y maliciosa en los hechos.

La gestión financiera

Francisco Javier Masana Bergnes y Ernesto Santacana Giralt, director gerente y jefe de personal, respectivamente, de Fábrica Electrotécnica Josa, fueron procesados en el sumario del fraude y posteriormente requeridos a prestar fianza solidaria de 235 millones de pesetas, cantidad equivalente a la presuntamente defraudada a la Seguridad Social.El requerimiento judicial siguió, con carácter subsidiario, a la propia empresa, y la falta de presentación de ambas originó el miércoles la orden de embargo sobre el patrimonio de la sociedad. La gestión empresarial de Josa, pionera en el sector nacional de fabricación de pequeño material eléctrico y con una facturación anual de 4.000 millones de pesetas, ha sido negativamente calificada por los sindicatos UGT y CC OO. Un comunicado conjunto de ambas federaciones metalúrgicas indicaba el pasado mes que "la gestión financiera y comercial ha sido tan mala en los últimos años que raya el sabotaje".

Los sindicatos reivindican un plan de reconversión que asegure los puestos de trabajo y exigen la depuración de responsabilidades sobre las deudas y presuntas defraudaciones de la empresa con la Seguridad Social y Hacienda, que ascienden a 1.000 millones de pesetas. El freno de la entrada de multinacionales en el sector y la finalización del bloqueo financiero completan las peticiones de sindicatos y organizaciones ciudadanas de Rubí y Terrassa.