Las aguas del Atlántico vuelven a su cauce

Los socialistas partidarios de mantener los bancos expropiados en el sector público, para competir con la banca privada, han dado ya su batalla por perdida. Según ellos,- el subgoberador del Banco de España, Mariano Rubio, y el ministro de Hacienda, Miguel Boyer, siguen avanzando, y en ese orden, con la creencia de que el sector privado reasigna más justa y eficazmente los recursos financieros escasos del sistema. Los ahorros de todos los españoles seguirán lloviendo, pues, sobre el embudo de la banca privada y a discrección según la confianza que cada cual tenga en su banco. Y la Banca, financiando con ello el déficit del Estado.El oligopolio sobre los recursos financieros está garantizado por el momento. Pero la Banca sosegada pagará diezmos y primicias para subvencionar una parte del sanea miento de Rumasa. El Gobierno, por su lado, podrá ofrecer una salida honrosa a la "quiebra técnica" de Rumasa -250.000 millones de desequilibrio patrimonial, según el director general de Patrimonio que asumió el 23 de febrero por cuenta del Estado.

La Banca duplicará su cuota al Fondo de Garantía

Para ello, se ha considerado ya necesario, aunque no suficiente, la elevación, hasta el tope máximo previsto por la ley, de la cuota que la banca privada debe aportar al Fondo de Garantía de Depósitos bancarios para salvar la crisis del sector sin quebrar la confianza de los depositantes. Así, en febrero próximo y para celebrar quizás el primer aniversario de la expropiación de Rumasa, la cuota que la banca deberá aportar al Fondo -que, como indica su nombre, es a fondo perdido, lo que se reflejará en una disminución de beneficios- se duplicará pasando del actual uno por mil al dos por mil de los respectivos depósitos.

Esta decisión que ya se barajó anteriormente, durante la travesía de Banca Catalana por el Fondo, supone, por sí sóla, un avance de las intenciones del Gobierno aún no suficientemente explicitadas sobre la vía o vías elegidas para la reprivatización del grupo Rumasa y especialmente de los 20 bancos propiedad aún del Estado pero administrados por el FGD. Medios bancarios interpretan tales intenciones en el sentido de traspasar al FGD la reponsabilidad sobre los bancos. Unos serían reprivatizados siguiendo el modelo Bankunión o Urquijo, otros el de Banca Catalana y algún otro siguiendo el modelo fatal por liquidación del Banco de los Pirineos. En este último caso, no se sabe aún si se garantizará el 100% de los depósitos por cuenta del Estado, según declaraciones del propio Boyer tras la expropiación, o sólo hasta el tope máximo fijado en 1,5 millones de pesetas para todos los bancos afiliados al FGD.

Las posibilidades que se manejan en estos momentos en medios bancarios son las siguientes:

a) El Estado puede vender o su bastar directamente los bancos de Rumasa al mejor postor que lo re capitalice y cargar al FGD con los activos malos (léase créditos dificiles o irrecuperables de estos bancos a empresas del grupo Rumasa u otras inversiones de dudosa recuperación) siempre que el comité ejecutivo del Fondo (mitad Banca mitad Estado) lo acepte por consideralo más barato que la liquidación del banco por quiebra con la consiguiente compensación a los depositantes. Esta fórmula, tipo Bankunión, puede aplicarse especialemente al Banco Atlántico, a su industrial, el Banco Comercial de Cataluña, al Masaveu y al Exbank.

b) El Estado puede reducir el capital de los bancos hasta dejarlo en una peseta, según sea el tamaño de las pérdidas acumuladas, y venderlos a ese simbólico precio al FDG. El Fondo estudiará las posibilidades de saneamiento, ampliará el capital y se quedará con activos malos hasta que sea aceptable para algún comprador. Si no hay comprador privado o las ofertas son bajas, el Estado puede ejercer siempre su derecho de tanteo y quedarse con los bancos.

En este caso se encuentran la mayoría de los restantes 16 bancos del holding de la abeja. En medios gubernamentales se da como seguro que algunos de estos 16 bancos, que actuaban como ventanillas recaudadoras o cajas de tesorería de las empresas de Rumasa, se agruparán regionalmente y se quedarán en el Estado. Con ello se compensaría políticamente una parte .del altísimo coste económico que la operación Rumasa tiene para el Estado y se daría cierta satisfacción al sector rojo y/o socialdemócrata del PSOE, enemigos del socialismo de rostro monetario, partidarios de la economía mixta y, por ello, de dejar todos los bancos de Rumasa en el sectór público.

Tercera posibilidad

c) Morirán con esta tercera fórmula todos aquellos bancos de Rumasa que se vean convertidos, en el seno del Fondo, en una pura ficha o licencia sin contenido recuperable y cuyo coste de liquidación sea menor que el de su saneamiento. Estos -si es que hay alguno bajo tal categoría- irán al cementerio y serán borrados del registro de bancos y banqueros. Los depositantes recibirán del FGD hasta 1,5 millones de pesetas y el FGD se hará cargo de todos los activos.

Al final de cada operación, el Fondo, propietario de los activos (créditos) bancarios malos de Rumasa, tendrá que negociar con las empresas de Rumasa deudoras (propiedad del Patrimonio del Estado) las cantidades que puede recuperar de éstas sin comprometer su posterior reprivatización. Ese será el momento de decidir la parte que pagará el Estado y la parte que pagará la banca privada, propietaria del 50% del FGD, del total de las pérdidas de Rumasa.

En este contexto de reprivatización más que probable, aunque sin posibilidad de confirmar oficialmente por las autoridades que llevan el tema con absoluto y natural sigilo, se inscribe la más inminente y sabrosa de las operaciones: la venta directa del Banco Atlántico. El primer banco del grupo Rumasa y primero de Cataluña no carece de novios. Cuatro grandes bancos -Central, Banesto, Hispano y Popular- ya habían estudiado su compra cuando, hace un par de años, José María Ruiz-Mateos les ofreció su paquete mayoritario a cambio de acciones y un puesto destacado en los grandes.

Estos bancos afirman que por ahora no tienen voluntad de acudir al concurso, aunque, como la voluntad de un banquero siempre depende del precio, ninguno descarta la posibilidad de que más adelante avancen sus naves de nuevo hacia el Atlántico. La estrategia de los compradores camuflados es mantenerse al margen hasta el último momento ya que un movimiento de peones que muestre interés a destiempo siempre supone un aumento del precio de venta.

El Santander navega con Molins rumbo al Atlántico

La opción con mas posibilidades de éxito parece ser, por el momento, la planteada por Emilio Botín, presidente del Banco Sanander faraón de Cantabria y uno de los ejemplares más clásicos de nuestra banca. La operación de compra del Banco Atlántico por el Banco de Santander, sigilosamente amparado tras la figura de Casimiro Molins, no podrá concluirse, sin embargo, hasta que se haga pública la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inscontitucionalidad presentando por la oposición contra el Decreto-Ley expropiador de Rumasa.

Según fuentes generalmente solventes, la compra del Atlántico por el Santander forma parte de un ambicioso y finísimo proyecto de equilibrio familiar interno antes de que don Emilio Botín se jubile. Emilio Botín junior pasaría a ocupar la presidencia del Santander mientras su hermano Jaime Botín seguiría como presidente del banco industrial del Santander, Bankinter, pero engordado convenientemente éste último con la absorción del industrial del Atlántico, el Banco Comercial de Cataluña, o con el propio Banco Atlántico, tras una operación semejante a la reciente fusión del Urquijo con Bankunión. Ambos hermanos quedarían al frente de grandes bancos. Se baraja también la posibilidad de que el Atlántico quede dentro del grupo Santander pero sin fusiones ni absorciones con Bankinter.

El Atlántico tiene unos fondos propios (capital más reservas) de 11.403 millones de pesetas y unos depósitos de 184.000 millones de pesetas, de los que 26.000 millones corresponden a moneda extranjera. Si esta operación Botín-Molins, por la que el Banco de Santander podría neutralizar a los minoritarios expropiados del Atlántico para presionar así por un mejor precio, fracasara en último término, los siete grandes se verán obligados a diseñar una fórmula semejante a la de Banca Catalana. De este modo, un minifondo, sólo privado, se haría cargo del Atlántico aplazando la resolución final del *problema. Todo menos que siga un minuto más esa perla del Atlántico en manos del Estado. Por si acaso.