El subcomisario Baniandrés cree que el inspector Medina ha sido objeto de una persecución

El subcomisario Mariano Baniandrés, anterior responsable de la Brigada de Interior, ha confirmado a este periódico que el inspector Juan José Medina, actualmente en prisión, acusado de infidelidad en la custodia de documentos, fue quien descubrió los 2.000 expedientes robados antes de su Negada a ese departamento, lo que le hace pensar que podría haber sido objeto de una persecución. El Grupo Parlamentario Comunista ha dirigido al Gobierno una pregunta y dos recordatorios sobre el caso Medina.

Parte de estos expedientes han sido devueltos recientemente por los policías José Luis Rodríguez Zarco y Sebastián Fernández Dopico, este último hermano del anterior director general de la Policía, José Luis Fernández Dopico. Ambos funcionarios han tenido en su poder durante más de 10 meses un importante bloque de expedientes, entre los que se encontraba uno relativo, al ministro del Interior, José Barrionuevo.La confirmación por parte de Baniandrés, policía próximo a muchos dirigentes socialistas, de la intervención de Medina en esta investigación, crea nuevos interrogantes en el caso, que, a juicio de diferentes observadores, se presenta como otra extraña guerra interna más dentro de la policía, con varios episodios rocambolescos de por medio. Medina había hecho, al parecer, investigaciones sobre las actividades de algunos funcionarios.

Poco antes de que Medina abandonara la Brigada de Interior, el director general de la Policía, Rafael del Río, le sugirió al subcomisario Baniandrés la destitución de éste, a lo que se opuso. Del Río motivaba su solicitud en un informe que le había enviado el Sindicato Profesional de Policía (SPP) sobre un documento que apareció en la mesa de trabajo de Medina, al parecer redactado por él, en el que se daba cuenta de las actitudes profesionales de determinados policías, todos ellos destinados en la Brigada de Interior con anterioridad a su nombramiento.

'Inoperancia de funcionarios'

El documento fue descubierto por uno de estos policías, que envió copia al citado sindicato. Este asunto irritó a la directiva del SPP, que convocó una asamblea y decidió enviar un informe detallado del caso a la Dirección General de la Policía. En el informe se hablaba de la inoperancia de algunos funcionarios, a los que se citaba con nombres y apellidos. Decía asimismo que esa actitud era debida a los mandos anteriores y a la ignorancia por parte de los policías destinados, en la Brigada de Interior de "las peculiaridades de los momentos actuales".El caso se cerró en el despacho del director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, en el curso de una reunión a la que asistieron Mariano Baniandrés; el comisario general de Información, Jesús Martínez Torres, y el jefe de la Brigada Central de Información, José María Escudero. Baniandrés decidió mantener a Medina y ordenó el traslado de 12 funcionarios, entre ellos José Luis Rodríguez Zarco, precisamente uno de los policías implicados en la desaparición de los 2.000 expedientes. A principios de julio se produce la destitución de Baniandrés y Medina.

Juan José Medina permanece detenido en la Inspección Central de Guardia de la Dirección de la Seguridad del Estado, mientras los funcionarios que se apropiaron de los documentos y posteriormente los devolvieron, el comisario Sebastián Fernádez Dopico y el inspector José Luis Rodríguez Zarco siguen en sus actuales destinos.