La comisión reprivatizadora de las empresas del grupo expropiado mantiene la idea de esperar la sentencia del Tribunal Constitucional
La comisión para la reprivatización de Rumasa mantiene la idea de no ejecutar en bloque su misión hasta que se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por el Grupo Popular contra el decreto-ley expropiatorio, según han informado fuentes de la misma. Pese a este propósito -no explicitado, pero que está en la mente de todos los miembros, de acuerdo con las versiones recogidas-, la tercera reunión formal de los encargados de reprivatizar el grupo ha dado el visto bueno a la reventa del paquete de control de Caramelos Mauri al anterior propietario, quien sólo había recibido de Ruiz-Mateos 25 millones de pesetas. Ésta será la primera vuelta al sector privado.La tercera reunión de la comisión ha sido precisamente la primera mantenida desde que expiró el plazo de recurso de la ley expropiatoria que sustituyó al decreto-ley ante el Tribunal Constitucional. Con anterioridad, había sido aplazada en varias ocasiones hasta el pasado día 5 de octubre, sin que hayan trascendido los motivos. Tampoco se ha conocido información oficial sobre su desarrollo. Según varios miembros, el presidente, Javier Moral, director general del Patrimonio del Estado, ha pedido que no se proporcionen detalles a la Prensa, insistiendo en que él es el único portavoz.
Las citadas fuentes indicaron que fue conocido en la reunión un avance sobre las auditorías realizadas al holding hasta la fecha, que deberían haber terminado totalmente el pasado mes de septiembre. Añadieron que del informe no se desprende claramente el déficit patrimonial (diferencia entre el valor de las in.versiones y las deudas de las empresas) que tenía el grupo el día de su expropiación, ni tampoco la ubicación de la mayor parte del mismo (empresas, bancos o Rumasa, SA, como cabecera del holding), si bien en los últimos meses ha imperado el criterio de centrarlo en Rumasa, SA, como financiadora de las empresas a través de los movimientos de las numerosas sociedades instrumentales creadas para eludir los controles sobre concentración del riesgo.
Cuatro ofertas por empresa
Desde los 200.000 millones de pesetas en que evaluaron los administradores el déficit dos meses después de la expropiación, luego se pasó oficialmente a unos 240.000 millones, aunque según fuentes del grupo realmente podía superar los 400.000 millones. Los preinformes de algunas auditorías indicaron que no llegaría, como mucho, a los 300.000 millones, valorando los activos a precios de adquisición, no de mercado. Por tanto, la cifra no tiene por qué coincidir con lo que terminarán por pagar los contribuyentes, cuya cuantía dependerá fundamentalmente de la situación de cada empresa en el momento de la venta y del precio que quiera pagar el comprador.Los miembros de la comisión reprivatizadora constataron en su tercera reunión que el número de cartas de intenciones de compra de empresas recibidas hasta el momento supone un promedio de cuatro por cada sociedad con peso operativo. A juzgar por este dato, las ofertas se aproximan a 300, porque quedarán en los próximos meses menos de 100 empresas, una vez eliminadas las sociedades interpuestas e instrumentales en un proceso paralelo al ya iniciado también para fusionar y concentrar actividades.
