La subasta de la urbanización en obras Nueva Castilla quedó desierta
La subasta de la urbanización a medio construir Nueva Castilla, en la localidad madrileña de Meco, que se celebró ayer en el Juzgado de Primera Instancia de Alcalá de Henares, quedó desierta al no haberse efectuado ninguna oferta. El tipo de licitación era de 1.564 millones de pesetas. La subasta se produjo a instancia de la Caja Postal de Ahorros, como consecuencia de la falta de pago de los intereses de un crédito de 1.235 millones de pesetas concedido a la constructora de la urbanización, la Compañía de Fomento de Viviendas Sociales, SA, cuyo capital social era de un millón de pesetas. La compañía no pudo hacer frente a los pagos ni terminó la urbanización, de 906 viviendas, en el plazo previsto.Las obras de la urbanización Nueva Castilla -906 pisos sociales a medio construir situados en Meco (Madrid)- continuarán en los próximos meses por cuenta de la Caja Postal de Ahorros o por la de alguna empresa a la que ésta consiga vender el proyecto. Expertos en valoraciones han visitado estos días las viviendas para analizar su deterioro durante los dos años que lleva paralizada su construcción y para estimar el posible coste de su terminación.
Luis Delso, consejero-delegado de la Caja Postal, ha manifestado que "si resultan desiertas las dos convocatorias sucesivas de la subasta, la Caja se adjudicará las obras y tendrá dos alternativas: venderlas a una inmobiliaria para que las termine o acabarlas directamente nosotros", informa Gustavo Matías.
La Caja inició los trámites judiciales contra la Compañía de Fomentó de Viviendas Sociales, SA, en 1982, año en que, a la vista de los incumplimientos en la amortización del principal y el abono de intereses, empezó a hacer provisiones para amortizar el crédito, totalmente cubierto ya. Era entonces consejero-delegado Alberto Recarte, quien poco antes había dejado su puesto de fontanero del palacio de la Moncloa corno jefe de la asesoría económica del entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.
Responsabilidad diluida
La concesión de 1.235 millones a una empresa con un millón de capital no ha merecido demanda judicial alguna de los administradores de la Caja por eventuales responsabilidades. Al parecer, les ha desanimado la carencia de legislación sobre delitos económicos, así como la falta de indicios sólidos y el hecho de que en las empresas españolas la responsabilidad se diluye en los consejos de administración.En la Caja Postal, dependiente de la Dirección General de Correos, el cargo de presidente, ocupado cuando se concedió el crédito por Alejandro Rebollo, tiene cierto carácter honorífico. Las funciones ejecutivas de la presidencia son asumidas en realidad por el consejero-delegado.
Una fuente de la entidad ha señalado que hasta 1977, cuando fue analizado el proyecto de la urbanización Nueva Castilla, no era tan inusitado el enorme desequilibrio entre un capital social de un millón de pesetas y más de 1.000 millones de capacidad de crédito para actividades como la promoción de viviendas, donde lo importante es que los cálculos del proyecto estén bien ajustados.
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