La situación de Renfe

Ha llegado la hora de la verdad para Renfe. Este país no puede mantener por más tiempo una empresa con gastos galopantes, ingresos timoratos, consecuencia de una pésima gestión comercial, la financiación inadecuada y un ambiente narcotizante de pasividad ante resultados escandalosos sufragados año tras año con la impotencia del Estado y el resignado escepticismo de los ciudadanos.Cuando el nuevo presidente de Renfe, Ramón Boixadós, levantó la alfombra y comprobó que el déficit era aún más escandaloso de lo que se temía -el año acabará con más de 200.000 millones de números rojos-, la decisión se ha hecho tajante: ¡Basta ya!

El ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Enrique Barón, respaldado por todo el Gobierno, ha tirado del timbre de alarma, y Boixadés pondrá inmediatamente en marcha un plan destinado a cortar en seco un deterioro que, de no ser cortado inmediatamente, llevaría a nuestros ferrocarriles a un déficit de medio billón de pesetas de aquí a tres años.

De momento, rodarán cabezas en la compañía, y a continuación será preciso dinamizar una empresa adormecida en la seguridad del funcionariado y aplicar una gestión rigurosa para salir de una situadión que es verdaderamente de emergencia. La alternativa sería no ya la quiebra de los ferrocarriles, sino, acompañada de otros déficit igualmente galopantes, la del propio Estado.

Enderezar Renfe va a costar sangre, sudor y lágrimas. Además de los esfuerzos técinicos de racionalización y de correcta aplicación tecnológica, será preciso añadir el esfuerzo solidario de todos los trabajadores de la empresa, así como un comportamiento más activo y consecuente por parte de una Administración que también ha contribuido, con su técnica de avestruz, a que esta empresa desemboque en el marasmo en que hoy se encuentra.

Una parte del déficit se debe a que la Administración nunca se decidió a valorar una serie de servicios que no son imputables a una empresa, aunque ésta sea cien por cien pública. En prirrier lugar, hay que valorar correctamente esta imputación estatal en la medida en que el Gobierno haga primar determinadas consideraciones sociales ajenas,a la lógica de una empresa, y en segundo lugar, debe evitar retrasos en aplicaciones presupuestarias que contribuyen a encarecer innecesariamente los costes financieros de la compañía. Contabilizado este déficit exógeno, se dará un paso importante hacia la clarificación de la verdadera dimensión de la responsabilidad de los gestores de la empresa. El Ministerio de Transportes, por su parte, deberá situar su actuación ferroviaria dentro de un contexto más amplio de ordenación del mundo del transporte.

Simultáneamente, los trabajadores, además de mejorar su productividad, deberán ceñir sus reivindicaciones a la dramática situación de la empresa, al tiempo que los gestores de ésta tendrán que dar la talla y responder a la confianza depositada en ellos o marcharse a sus casas.

Enrique Barón, que como abogado laboralista está imbuido en el espíritu de negociación que no excluye la firmeza, ha tenido el acierto de buscar ante todo el consenso social, resistiendo la tentación de lanzarse con gestos espectaculares que contribuirían a dramatizar innecesariamente lo que ya es en sí mismo suficientemente dramático.«

3 de octubre