Errores policiales
LOS DISPAROS de un miembro de la Guardia Civil contra una pareja de novios en las afueras de León cuándo los jóvenes se encontraban en el interior de un coche parecen un desgraciado eslabón más en la cadena de infortunios y desaciertos de los que están siendo protagonistas las fuerzas de seguridad en los últimos tiempos. Tres días después de este accidente, que ha provocado la parálisis de las extremidades inferiores de la joven Felisa de la Varga, de 19 años, no existe aún ninguna información oficial que diera cuenta de lo sucedido. Esta historia, que evoca el triste suceso del mes de febrero en Valmojado (Toledo), donde fue muerto por la Guardia Civil un nido de dos años perteneciente a una familia que no respetó un control sin más señal que la vacilante luz de una linterna, vuelve a poner en cuestión la seguridad de los ciudadanos ante unas fuerzas no suficientemente adiestradas para cumplir con acierto determinadas misiones de vigilancia.La lista de desatinos a cargo de la policía y de la Guardia Civil, junto a acciones certeras que no excusan para nada los errores, sino que los abultan, ha contribuido a crear la sensación de qué algo importante falta en la organización de las fuerzas de seguridad pública. Unas veces por exceso y precipitación, como han sido los casos repetidos de muertos y heridos en los controles o en circunstancias que hicieron sospechosos y merecedores de disparos a ciudadanos honorables (Almería, Trebujena, Valmojado, León ahora), y otras por defecto y candidez de las patrullas, el resultado es que el prestigio policial en este país está en entredicho. Y con él, obviamente, la garantía de orden que los ciudadanos de un Estado democrático deben recibir de los servicios directamente encargados de proporcionársela.
Sobre la ineptitud de algunas dotaciones, la bochornosa peripecia de dos fugitivos que se apoderaronde un coche-patrulla zeta y robaron además una metralleta abandonada en su interior, mientras los dos policías les buscaban por otros parajes, no ha sido un caso curioso y aislado. Apenas una semana después de esta grotesca experiencia, el hijo del comandante Sáenz de Ynestrillas y otros dos ultras arrebataban las armas a dos policías nacionales en pleno centro de Madrid. La Inspección General de la Policía Nacional abrió una información interna para delimitar responsabilidades en este último, caso y ya inmediatamente después varios mandos calificaron esta actuación policial de "incorrecta", Otros hechos lamentables, Como los que ha interpretado la policía autónoma vasca (Ertzaina) con cuatro personas muertas, entre ellas un niño de un año y una mujer embarazada, y el burdo truco del cambiazo que permitió una fuga en la prisión de Carabanchel (véase EL PAIS del 17 de septiembre de 1983), conforman un panorama en el que sólo una benevolencia rayana en la ingenuidad puede atribuir al azar o a la mala suerte de los cuerpos implicados. Pero lo más notable es la resistencia, ahora y antes, de la Guardia Civil a informar debidamente de hechos como el de León, la tendencia a la justificación indiscríminada y la soledad del ciudadano ante el abuso de las armas.
Todas las recientes palabras de reconocimiento y estímulo a la labor de las fuerzas de seguridad por parte de un ministro del Interior contrito de sus innecesarios e imprudentes desahogos, o por parte de un presidente de Gobierno con propósitos de concordia espiritual, chocan ahora; para mayor abrumación, con el atolondrado comportamiento de unos guardias que hacen correr sangre inocente. Pero la identidad de los culpables sigue sin conocerse, y quizá se vuelva a decir que estas cosas pasan y que son gajes del oficio. Sería, además, temerario que, con el afán de no suscitar malestar, la crítica de estos siniestros se detuviera en la mera depuración de las responsabilidades individuales, que no podemos estar siquiera seguros de que se exijan en forma, a la vista de la tradición. Una reconsideración del grado de eficiencia y cualificación de los cuerpos a los que está encomendada la persecución del delito y su proceso, de identificación y detención de delincuentes se revela todayía como una labor pendiente de este Estado democrático. Los socialistas, que no ahorraron censuras desde la oposición, son ahora los emplazados a actuar con la prontitud y energía que reclama la situación. Admitimós que los errores son posibles en la mejor de las policías. Pero en la peor de ellas deben pagar quienes los cometan.
