El Gobierno autónomo quiere coordinar las competencias de las diputaciones provinciales

El Gobierno autónomo aragonés proyecta limitar el poder de las diputaciones provinciales, mediante una política de coordinación y redistribución de las competencias que éstas venían ejerciendo, según se puso de manifiesto en el transcurso de un debate celebrado por el Pleno de las Cortes de Aragón.

El Gobierno autónomo se reservará para sí la coordinación de las competencias de las diputaciones provinciales que considere de interés regional y cederá a los Ayuntamientos aquellas que redunden en una mayor autonomía municipal.El consejero de Presidencia, Andrés Cuartero, justificó la postura del Gobierno regional de controlar las diputaciones provinciales en el propio Estatuto de Autonomía aragonés y en el fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por el Gobierno de la nación contra la Ley de Diputaciones de Cataluña, según la cual es imprescindible una redistribución de competencias entre los cuatro niveles de la Administración pública. Esta coordinación representará una mayor efectividad de los planes del Gobierno regional sobre todo el territorio aragonés, para lo que pasará a utilizar determinadas inversiones de las diputaciones.

Estas actuaciones previstas por el Gobierno autónomo sobre las diputaciones provinciales no impedirán que éstas desarrollen su labor en los campos de asistencia y cooperación técnica, jurídica y económica a los municipios.

La postura del Gobierno autónomo, compartida por el PCE y el CDS, y criticada por los grupos Popular y Regionalista, que se mostraron partidarios de que las corporaciones conserven su actual protagonismo, contempla el inicio de los estudios previos para la elaboración del proyecto de ley de coordinación de las competencias de las diputaciones que sean de interés general de la comunidad y reforzar y profundizar la autonomía de los ayuntamientos. Todo ello bajo el principio de que "el protagonismo político en Aragón corresponde a las Cortes y al Gobierno regional, ya que sólo a la comunidad autónoma se le concede autonomía política".

Por otra parte, el pleno de las Cortes aragonesas aprobó las cuatro primeras leyes elaboradas por el Gobierno regional, referentes a la ubicación del Parlamento regional en la ciudad de Zaragoza, con la abstención del Grupo Popular y del Regionalista -partidarios de instalarlo en Huesca-; la ley que regula la responsabilidad política del Gobierno autónomo; la ley de iniciativa legislativa y la de designación de los senadores representantes de la comunidad autónoma.