El fiscal y la acusación particular piden un mes de arresto para tres policías acusados de torturas

Un mes y un día de arresto solicitan el fiscal y la acusación particular para los miembros del Cuerpo Superior de Policía, Eduardo Otero, Aniano Arnáiz y Patricio Rollán, juzgados ayer en Valladolid como presuntos autores de torturas y malos tratos perpetrados sobre Mari Luz Prieto, Consuelo López y Luis Ángel Rodrigo, a raíz de su detención en noviembre de 1980. El defensor pidió la libre absolución. La querella fue interpuesta mediante el ejercicio de la acción popular y fue respaldada por 37 personas.Mari Luz Prieto, Consuelo López y Luis Ángel Rodrigo fueron detenidos el 11 de noviembre de 1980 junto a otras dos personas como presuntos militantes de una organización ilegal, el PC (i). En el domicilio de Rodrigo fueron halladas sustancias explosivas y botellas para fabricar cócteles molotov. A todos ellos se les aplicó la ley antiterrorista, y declararon después, el 17 de noviembre, que habían sido torturados en las dependencias policiales.

A los tres detenidos les llegó un documento con membrete de la Jefatura Superior de Policía en la que un autodenominado colectivo (democrático) de policías, les facilitaba los nombres de sus supuestos torturadores y manifestaba su repudio a estas acciones. Dos de los señalados, Otero y Amáiz, se sentaron ayer en el banquillo. A partir de este hecho, un grupo de personas inició el ejercicio de la acción popular, que llevó al procesamiento de los tres policías citados, que fueron reconocidos por los supuestos torturados.

Los presuntos militantes del PC (i) fueron juzgados el pasado mes de julio. Cuatro de ellos quedaron absueltos y Luis Ángel Rodrigo fue condenado a seis meses por tenencia de sustancias explosivas.

En la vista oral, celebrada ayer con la sala abarrotada de público, Otero, Arnáiz y Rollán negaron que hubieran infligido malos tratos a Mari Luz Prieto, Consuelo López y Luis Ángel Rodrigo, mientras que estos aseguraron reconocer, bien en todos, bien en alguno de ellos, a los policías que les habían golpeado. El abogado defensor intentó demostrar a lo largo del juicio que las lesiones podían habérselas originado ellos mismos al oponer resistencia violenta a la policía cuando ésta procedió a su detención.

Peso de la justicia

El letrado de la acusación particular indicó que no tenía nada contra los policías, pero "la tortura, que fue práctica habitual en la dictadura franquista, no puede continuar en un régimen democrático, y de ahí que el peso de la justicia tenga que recaer contra quien la ejerce".El fiscal, Luis María Delgado, dio la impresión de que iba a modificar sus conclusiones y a rebajar la petición de condena porque en sus preguntas a Mari Luz Prieto y Consuelo López y Luis Ángel Rodrigo, citados como testigos, trató de pillarles en alguna contradicción, lo consiguió varias veces, y fue especialmente duro con ellos, hasta el extremo que el abogado de la acusación particular manifestó que el fiscal "más que acusador, parece defensor de los procesados"`.

Luis María Delgado destacó estas contradicciones de los testigos, en su informe final e insinuó que las acusaciones de tortura podrían formar parte de una campaña montada en tomo al juicio contra los supuestos militantes del PC(i). El fiscal habló también de la aplicación de la presunción de inocencia para los policías procesados, argumento que fue también barajado por el defensor.