La segunda propuesta de la CEE sobre agricultura española rebaja a ocho años el período de transición

El segundo documento comunitario sobre la integración de la agricultura española, aún provisional, que está siendo estudiado por los ministros del sector, contempla un período transitorio total máximo para los productos agrícolas españoles de ocho años, según ha manifestado Jesús Maroto de las Heras, de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Comunidades, en su intervención en las jornadas preparatorias del Congreso, internacional de la dulce que se clausuraron ayer en Lérida. Este período es, en principio, algo más favorable para España que el propuesto en el primer documento comunitario, de acuerdo con el cual la agricultura española no podría gozar de las ventajas agrícolas comunitarias en un plazo de 10 a 12 años.

El informe contempla para la adhesión española a la CEE que, de todos los productos agrícolas, sólo los hortofrutículas deberán quedar sujetos a un período de transición, lo que está en línea de la posición adoptada en mayo. El proceso de integración se realizaría en dos períodos sucesivos de cuatro años cada uno, lo que supone que el plazo total para la adhesión sería de ocho años. Durante los cuatro primeros años, los productos hortofrutícolas españoles no podrían beneficiarse de las ayudas comunitarias. En dicho plazo la CEE y el sector hortofrutícula español deberían discutir, fijar e iniciar la aplicación de cinco condiciones básicas.La pruínera condición se refiere a la aplicación de la normativa en etiquetajes, calibres, y otras reglas ,de adecuación comercial. La segunda hace referencia al establecimiento en España de una red de información y contratáción que permita la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC). Ello implica la creación de un organismo equivalente al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOAGA) organismo que ejecuta las directrices de la PAC.

La tercera de las condiciones se centra en las modificaciones arancelarias. Otro requisito, según el citado documento, es que España asuma los criterios comunitarios en relación a los países terceros que mantienen relaciones con la CEE.

La última condición estriba en la creación de Agrupaciones de Productores Agrarios (APA). Según el punto de vista comunitario, dichas organizaciones deberán autoregular el comercio interior del sector para que la Comunidad Económica Europea no tenga que intervenir.