El cese

EL CESE de José Luis Balbín como director de los servicios informativos de Televisión Española era, desde hace algunas semanas, un secreto propalado a voces por los pasillos del poder y de Prado del Rey. Que el director del Ente Público eligiera el día de ayer -horas después de que el presidente del Gobierno manifestase su insatisfacción respecto al monopolio televisivo- para ejecutar esa medida puede constituir un simple azar, pero no beneficia en nada a la imagen de independencia que Calviño debería guardar respecto al Gobierno. Todo el mundo sabe que el cese de Balbín es ajeno a las opiniones de Felipe González, aunque el director general se ha esforzado en que no lo parezca. Sin embargo, la cuestión no es el papel desempeñado por la casualidad, la astucia o la ingenuidad en la puesta en práctica de una decisión tomada hace días, sino las razones de fondo de ese. despido.A lo largo de casi nueve meses, las críticas lanzadas contra el equipo encargado de realizar el cambio en Prado del Rey han partido de casi todos los puntos -incluido el propio partido del Gobierno- del espectro ideológico y político. Las acusaciones, malévolas o paranóicas, de algunos altos cargos socialistas que atribuían cualquier crítica a los ocultos designios del capital (bueno, por lo demás, para reprivatizar Rumasa, pero perverso, al parecer, para financiar empresas de comunicación) orientados a forzar la autorización de la televisión privada tienen ahora la difícil papeleta de tener que explicar cómo Felipe González se ha unido a los conjurados. Las expectativas suscitadas tras las elecciones generales en torno a las posibilidades de devolver la vida a ese elefante muerto en pie que es Televisión Española infravaloraban las enormes resistencias que ofrecería el armatoste de intereses creados, hábitos burocráticos y oficialista a cualquier tentativa de ponerlo al servicio del pluralismo informativo, la calidad artística y el, entretenimiento digno. Es doloroso admitirlo para todo el que esté de acuerdo o apoye el cambio socialista, pero durante el período de mandato del actual equipo no sólo las promesas de una televisión pública, profesional y pluralista no se han cumplido -para lo que ha habido poco tiempo y sobra impaciencia-, sino que se han deteriorado todavía más el funcionamiento real y la imagen pública del monopolio televisivo. Las responsabilidades de Balbín en ese fracaso eran notorias, aunque no exclusivas. Y sus actitudes -desde la enfermedad imaginaria a la utilización de La clave como propiedad privada e intransferible- han sido avaladas generosamente por el poder. El poder en TVE y el poder político.

¿Por qué, entonces, el cese de José Luis Balbín, si sus errores, desplantes y carencias merecieron el apoyo solidario de quienes hoy le dejan caer? El bochornoso telediario del lunes 12 de septiembre, que conculcó desde un medio oficial principios constitucionales básicos y motivó una nota de protesta del Consejo General del Poder Judicial y el pase del correspondiente tanto de culpa al ministerio fiscal, fue emitido cuando Balbín se encontraba de vacaciones y ocupaba sus funciones Enrique Vázquez, designado, sin embargo, como nuevo jefe de informativos. ¿Cuáles son, entonces, las razones de la medida? Balbín, a quien no se le han ahorrado críticas desde este periódico, era el único miembro del equipo directivo que no había tenido que aguardar un alto nombramiento para ser conocido en el mundo de la comunicación por sus méritos profesionales. Y la bondad de La clave como programa no palidece para nada al lado del desastre que Balbín ha sido como directivo de TVE. A menos que una explicación oficial aduzca otras causas, sólo cabe concluir que el cesante está destinado a cumplir la doble función de papelera en la que sus colegas puedan depositar sus culpas colectivas, y de lastre sobrante que el director del Ente Público arroja por la borda para salvar su puesto. No será la primera vez que una actitud tan poco gallarda, sirva sólo para prolongar la agonía de quienes la toman.

No es ocioso -aunque debiera serlo- explicar las razones por las que los cambios producidos en la incambiada Televisión Española merecen un comentario editorial. Hasta el propio presidente del Gobierno, que suele distinguirse por su capacidad para respetar a la sociedad civil y no confundirla con el Estado, incurrió anteayer en el desliz de comparar el descarado sesgo progubernamental de los informativos de Televisión Española con la distribución porcentual de noticias en las primeras páginas de la Prensa privada española. Balbín, a preguntas de Radio EL PAIS, equipará la medida con los cambios que se puedan producir, y que se producen con frecuencia, en la redacción de este periódico. Tal vez aquí esté la raíz de los viciados planteamientos de la política informativa del Gobierno. Televisión Española es una institución estatal que pertenece a todos los españoles. La sustitución de las partidas presupuestarias para su financiación por la concesión monopolística del mercado publicitario es indiferente a efectos prácticos, ya que esos fondos son igualmente detraídos de su ingreso en el Tesoro. El Ente Público está regido por una ley dictada por las Cortes Generales, cuyo espíritu y -a veces- su letra son conculcados en la práctica cotidiana, y se halla sometido a una comisión parlamentaria de control. Televisión es el único vehículo informativo para sectores significativos de la sociedad española que no leen periódicos y no escuchan la radio, y un instrumento privilegiado para la difusión de noticias en segmentos muy amplios de la población. La sensibilidad ante la manipulación televisiva que los socialistas mostraron cuando permanecían en la oposición hace, por lo demás, superflua cualquier tentativa de convencer al Gobierno de algo que sus miembros conocen sobradamente por su pasada experiencia.

Los ciudadanos españoles tienen plena libertad para adquirir en los quioscos periódicos y revistas de muy distinta orientación, desde El Alcázar a Egin, pasando por semanarios como El Socialista o Actual. También disponen de una abundante oferta de emisoras de onda media y frecuencia modulada, incluida la potente cadena de Radio Nacional. La libertad, en última instancia, se halla en relación directa con el número de opciones disponibles y con la capacidad de poder elegir entre ellas. Al tomar su decisión como lectores o radioescuchas, los ciudadanos no sólo ejercen un derecho, sino que además apuestan simbólicamente en favor de la opción voluntariamente escogida. No vamos a caer en la falacia de que la libertad de empresa es el único, ni siquiera el más fundamental, de los componentes de la libertad a secas. Y seguiremos insistiendo en la necesidad de un control social adecuado del poder de todos los medios de comunicación. Un control social, sin embargo, no es necesaria y absolutamente un control gubernamental, y el monopolio de Televisión Española, cuyos dos canales se parecen entre sí como dos gotas de agua turbia, no deja al ciudadano mas opción que comerse las lentejas o dejarlas en el plato.