El Fondo de Garantía de Depósitos administrará la practica totalidad de empresas del grupo Banca Catalana

El Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios (FGD) administrará la práctica totalidad de las empresas hasta ahora dependientes del grupo Banca Catalana. A esta decisión se llegó el pasado 20 de agosto, en aplicación del protocolo firmado por el FGD con el pool bancario propietario de Catalana en fecha 20 de junio. Banca Catalana, cuya gestión fue encomendada por el grupo de bancos al Banco de Vizcaya, mantiene en su seno un reducido número de empresas o participaciones de empresas de tipo financiero. El principal problema que deberán afrontar bastantes de las sociedades que fueron del grupo estriba, a partir de ahora, en la diversificación de sus fuentes de financiación.

La empresa que permanece bajo entera propiedad del grupo bancario es Catalana de Cobros y Factoring. Las otras participaciones que Catalana retiene son las de la sociedadd mediadora en el mercado del dinero Saitori, la aseguradora CESCE, la sociedad de garantías recíprocas Centro de Avales de la Metalurgia Catalana, Transportes Blindados, Corporación Técnica Bancaria, Sindicato de Banqueros, Visa, y Corporación Bancaria. Banca Catalana ha optado así por conservar únicamente aquellas firmas que puedan serle de utilidad como complemento de su actividad bancaria típica, desechando el grueso de participaciones industriales que constituía históricamente el grueso de la cartera de valores del grupo. Según el protocolo del 20 de junio pasado, por el que el Fondo de Garantía de Depósitos formalizó la venta de Banca Catalana y sus filiales al pool formado por la gran banca española y el grupo de los bancos medianos, el Fondo se comprometía a adquirir todos los activos industriales del grupo, por un importe de 8.575 millones de pesetas. Los nuevos propietarios de Banca Catalana conservaban, sin embargo, durante dos meses, la opción de mantener en su cartera las acciones de aquellas sociedades que consideraran oportuno.La decisión de Catalana de conservar solamente aquellas compañías o participaciones que desarrollan actividades financieras implica, pues, que el FGD aumenta su cartera de activos, lo que hace más compleja la gestión de los mismos. Desde un punto de vista operativo, los directivos del Fondo han dividido las empresas que estaban en la órbita del grupo Catalana en cuatro tipos, según las exigencias de seguimiento y control que requieren cada una de ellas.

Cuatro grupos

Un primer grupo de empresas es aquel que, por su participación mayoritaria, por su implantación geográfica o por sus especiales condicionamientos financieros, requieren una atención y control desde Barcelona. Se incluye en este grupo las textiles Brilen y Nurel (sobre las que meses atrás se planeó un proceso de fusión) y Montefibre (con fábrica radicada en Burgos), en la que el Fondo ostenta una participación minoritaria junto a la multinacional italiana del mismo nombre. Otras empresas, como la cadena de almacenes Europrix, también forman parte de esta remesa.

Un segundo grupo queda constituido por aquel tipo de empresas en el que generalmente Banca Catalana -y ahora su sucesor, el Fondo- ostentaba una particicipación accionarial importante si bien minoritaria, responsabilidad generalmente acompañada de un significativo apoyo crediticio. Se trata de grandes empresas como el grupo siderúrgico Torras Herrería; el grupo de electrodomésticos de la línea blanca Corberó; la empresa de maquinaria Pignone; La Farga Casanova; Aiscondel y la naviera Marasia. El ejercicio del poder accionarial que sobre ellas ostenta definitivamente el Fondo se desarrollará desde Madrid, bajo la responsabilidad de Enrique García Rumeu -antiguo subsecretario del Ministerio de Economía, bajo el mandato del ministro Juan Antonio García Díez-, por considerarse que su elevado volumen de facturación, su dimensión o su implicación en planes de reconversión generales son factores que priman sobre el hecho de que la mayor parte de sus centros productivos se hallen en el área barcelonesa.

Un tercer grupo de empresas está compuesto por aquellas firmas que no tienen otra salida que su liquidación ordenada o el inicio de un difícil proceso de réconversión bajo la fórmula de cooperativas o sociedades anónimas laborales. Y finalmente, el último grupo de compañías vinculadas está constituido por las participaciones muy minoritarias en empresas que tienen una direccion y una propiedad mayoritaria bien definida, como pueda ser el caso de Roca Radiadores o Laboratorios Ferrer. La estrategia del FGD respecto a ellas es venderlas (lo que ha hecho ya con Segfisa y con Riviére) bien a grupos externos o a los socios mayoritarios. Este grupo, que contabiliza una treintena de participadas, se prevé enajenarlo en una tercera parte antes de final de año. Otra tecera parte sería vendida a lo largo del próximo ejercicio, y el resto posiblemente resulte invendible.

El apoyo financiero

Un aspecto muy importante para el futuro de bastantes de las empresas históricamente vinculadas al grupo Catalana y ahora dependientes (como máximo en una parte minoritaria de su capital) del Fondo de Garantía de Depósitos, radica en sus perspectivas de financiación, Según el pacto sellado en su día por el Fondo y el pool bancario, Banca Catalana y en su defecto el Fondo se comprometían a culminar los compromisos vigentes de financiación.

En algunos casos, sin embargo, estos compromisos están llegando a su vencimiento. Dado que el Fondo no tiene por objeto ni por talante devenir en una suerte de hospital de empresas, y sí por el contrario gerenciar sus activos con criterios estrictamente empresariales, cabe suponer que sus directivos compelan a sus participadas a diversificar sus fuentes de financiación. Esto no será problema en el caso de algunas grandes firmas, cuyo endeudamiento estaba repartido entre diversas entidades, pero sí para aquellas que estaban aquejadas de un monocultivo crediticio y que a partir de ahora podrían afrontar nuevos problemas en este ámbito.

El caso es que la actitud del Fondo es la de cumplir a rajatabla sus compromisos actuales de financiación, pero no los de ampliación de esta financiación de forma indiscriminada (es decir, sin que se comprometan en la parte alícuota correspondiente los otros socios), actitud que si bien puede desembocar en algún caso en situaciones litigiosas, debería contribuir a una más coherente estructura financiera de las empresas en cuestión.