El Consejo de ministros destituye de su cargo al capitán general de Valladolid

Los partidos políticos reaccionaron apoyando el cese de Soteras, en el caso de la izquierda, y gran cautela, en la derecha, ante las declaraciones del general y la posterior decisión del Gobierno. Alianza Popular manifestó en una nota pública que no comentaría lo "decidido por el Gobierno en su competencia". El PSOE y el PCE hicieron constar, también en sendos comunicados públicos, su respaldo a la decisión gube mamental.La nota de Alianza Popular considera que "lo que es preocupante es el número de ocasiones en que diversos capitanes generales se han visto obligados a pronunciarse sobre temas como las reiteradas injurias a la bandera, lós atentados terroristas o la guerra de las estatuas, sin duda reflejando la seria preocupación de conciencia de sus subordinados". AP pide que esos temas sean abordados "con la energía y la prudencia que la seriedad de la situación requiere".

El PSOE indicó que "comparte y respalda la decisión" del Gobierno, y "considera positiva la firmeza mostrada ante las declaraciones del teniente general Soteras, por estimarla beneficiosa para el buen funcionamiento de las instituciones del Estado español". Un portavoz del PCE manifestó asimismo el apoyo de este partido a la decisión del Ejecutivo, que calificó de "ajustada a la gravedad del contenido de las declaraciones del ex capitán general de Valladolid". El portavoz añadió que en este tema el Gobierno ha demostrado firmeza y agilidad.

Antes de conocerse el cese, otro portavoz comunista manifestó las declaraciones del general Soteras vulneran claramente preceptos constitucionales, e incluso la propia decisión del Consejo Supremo de Justicia Militar respecto al 23F.

El secretario general del Partido Demócrata Liberal, Pedro López Jiménez, manifestó que "la primacía del poder civil sobre el militar hace legítima la postura del Gobierno de cesar libremente a una persona designada libremente".

Por su parte, el secretario general de AP del País Vasco, Florencio Aróstegui, consideró las declaraciones "muy razonables" en conjunto y "muy sensatas" sobre el tema del 23-F, en el que Soteras se haría eco de un estado de opinión latente en la sociedad. Para el dirigente de AP, es perfectamente legítimo expresar esta opinión a título particular, aunque "nunca debe ser expuesta a título oficial".

Tanto el dirigente de Euskadiko Ezkerra, Roberto Lertxundi, como el de Herri Batasuna, lñaki Esnaola, consideraron que a las declaraciones debía responderse con la destitución inmediata, informa Arantza Elu desde Bilbao.

El dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, Albert Alay, miembro de la ejecutiva del partido y portavoz de Esquerra Republicana en el Parlament, consideró "muy grave" que el Gobierno del Estado permita que un militar de la graduación del teniente general Soteras haya realizado declaraciones pidiendo el "indulto para una gente que fue inculpada y sentenciada por los hechos del 23-F". Alay manifestó que tales declaraciones, de alguna forma, "son un hecho desestabilizador". CiU no mostró interés en manifestar su posición sobre el tema.