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Editorial:

Los restos de la LOAPA

HOY DECIDEN las Mesas del Congreso y del Senado, en una reunión conjunta, el tratamiento técnico-jurídico que deberá aplicarse a los artículos del proyecto de la LOAPA que el Tribunal Constitucional no consideró invalidados en su sentencia del pasado mes de agosto. Los grupos parlamentarios mantienen posturas encontradas. Mientras los socialistas afirman que los trozos de la desvencijada LOAPA salvados de la quema sólo requieren una labor técnica de ajuste y una nueva clasificación ordinal, a fin de impedir que los lectores del Boletín Oficial del Estado se lleven la sorpresa de tropezarse con una ley que arranca con el apartado cuarto del artículo 5 y está salpicada de blancos, los nacionalistas vascos y catalanes y los representantes de Alianza Popular son partidarios de que las Cámaras discutan y voten el texto residual de una norma que ha dejado en el trámite jurisdiccional las plumas de 14 artículos y la cresta de su carácter orgánico y armonizador.El vacío legal dejado por la ley orgánica del Tribunal Constitucional en torno al procedimiento a seguir para la entrada en vigor de las normas declaradas parcialmente nulas como consecuencia de un recurso previo de inconstitucionalidad deja un amplísimo margen de discrecionalidad a las interpretaciones. Sin embargo, el sentido común y la sensibilidad jurídica parecen aconsejar que las Cortes Generales se hagan de nuevo cargo, para su debate y votación, de un texto cuyo contenido ha sido gravemente mutilado y cuyo espíritu fue declarado inconstitucional por el alto tribunal. Aunque sólo fuera para anular la disposición transitoria que suspende durante cinco meses la entrada en vigor de la ley, ese trámite resultaría indispensable. Los socialistas disponen, por supuesto, de la suficiente fuerza parlamentaria para imponer sus puntos de vista en ambas Cámaras. Sorprende, empero, que la sentencia del Tribunal Constitucional no sea lealmente aprovechada por el Gobierno para inaugurar un nuevo clima de entendimiento con las demás fuerzas políticas en materias que exigen la misma voluntad de concertación que hizo posible la aprobación de la Constitución de 1978 y de los estatutos de Sau y de Guernica. La promesa del presidente del Gobierno, formulada en el debate de investidura, de negociar con las minorías nacionalistas y otros partidos el desarrollo de la legislación básica prevista por el artículo 149 de la Constitución, que se ocupa de las competencias exclusivas del Estado, tendría una privilegiada oportunidad de comenzar a ser ensayada con este motivo.

El ministro de Administración Territorial, cuya continuidad al frente de ese departamento tras el tropiezo de la LOAPA (de la que fue inspirador y artífice) resulta a estas alturas inverosímil -es ya, se mire por donde se mire, el peor ministro posible para lidiar la cuestión autonómica-, defiende la devaluada LPA con el argumento de que el Tribunal Constitucional salvó de la quema los artículos salteados e incompletos que formarían el contenido de la futura norma. Esa explicación juega con el equívoco de dejar traslucir que el Tribunal Constitucional, convertido a la fuerza en tercera Cámara, respaldaría valorativamente toda norma que no haya sido declarada inconstitucional por los magistrados. Sin embargo, la sentencia sobre la LOAPA, a la vez que consideró inconstitucionales unos artículos del proyecto de ley, se limitó a señalar que el resto de su contenido no rebasaba los límites constitucionales. Ahora bien, eso no autoriza en modo alguno a extraer la conclusión de que los magistrados afirmaran que ese desarrollo normativo fuera el único legítimo o el más congruente con el buen funcionamiento del Estado de las autonomías. Y una correcta interpretación lógicá -política y jurídica- de la decisión del Triburibal Constitucional reside en la suposición de que la LOAPA era un artefacto impresentable, montado al socaire del miedo del 23-F e instrumentando sobre técnicas jurídicas abstrusas. Resulta dudoso que el desmantelamiento de su título I y la descalificación de su doctrina básica no hayan afectado políticamente a los artículos respetados como constitucionales.

Por lo demás, el partido de la mayoría y el Gobierno son muy dueños de no negociar las leyes básicas con las demás fuerzas parlamentarias, aunque esa posición contradiga las palabras del presidente González en el debate de investidura. Pero, si insiste en esa arrogante estrategia, especialmente en el terreno minado de las autonomías, habría que decirle al presidente que la historia ya puede contar que el consenso UCD-PSOE en tomo a la solución del problema autonómico fue anticonstitucional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de septiembre de 1983