El Grupo Popular acaricia la posibilidad de "reprobar" al Gobierno

Los preparativos para el debate parlamentario que se celebrará probablemente el próximo día 20 comenzarán mañana, en la primera reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados después de las vacaciones veraniegas. La consecuencia principal del debate, que se abrirá con una comunicación del Gobierno, será que permitirá un pronunciamiento de la Cámara Baja sobre la tarea del Gabinete socialista durante sus primeros nueve meses. Aunque no existe posibilidad práctica de infligir una derrota al PSOE, dada la mayoría absoluta con que cuenta, la oposición alberga la esperanza de lograr, al menos, una reprobación, más moral que real, del Ejecutivo.La fórmula, como recuerdan ahora los grupos de la Oposición, la acuñó el propio PSOE, que insistió, durante el debate sobre el síndrome tóxico, someter a la reprobación del Pleno de la Cámara, la gestión de varios ministros. Aunque la votación fue desfavorable para los promotores de esta iniciativa, el efecto del hecho mismo de someterla a votación tuvo en la opinión pública una considerable eficacia, al modo de una mini-moción de censura moral.

El mecanismo reglamentario del debate sobre comunicaciones del Gobierno -que será el aplicable en esta ocasión, aunque el escrito gubernamental, por el momento, no se ha recibido en la Cámara establece que, terminado el debate se abrirá un plazo de 30 minutos durante el cual los grupos parlamentarios podrán presentar propuestas de resolución que, una vez examinada su congruencia por la Mesa, serán a su vez debatidas y votadas. El artículo 197 del reglamento contempla la posibilidad de que las resoluciones propuestas rechacen global o parcialmente el contenido de la comunicación del Gabinete.

Herrero: "el Gobierno socialista miente"

Después de las moderadas declaraciones del líder de Alianza Popular, Manuel Fraga, en el sentido de que la oposición de su partido será intensa, pero "leal, caballerosa y seria", la agencia Europa Press recogía ayer unas manifestaciones del portavoz del Grupo Popular, Miguel Herrero conteniendo duros ataques al PSOE, entre ellos el de que "el Gobierno socialista miente con una asiduidad que para él ya es costumbre". Herrero asegura que "en política, la ética no consiste en tener buenas intenciones, porque de buenas intenciones está empedrado el infierno y hay que acompañarlas de hechos".Herrero personaliza en el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, de quien dice que es un ministro muy locuaz, que acaba de decir que lo importante no es crear empleo, sino la voluntad de crear empleo". "A mí estas declaraciones no me convencen", señala el diputado aliancista. En política exterior señala que "el contencioso con Marruecos se da por liquidado con un tratado en el que salimos muy mal parados". Sobre la situación penitenciaria critica que el Gobierno haya "puesto en la calle a 7.000 delincuentes", y en relación con el caso Rumasa, afirma que las cuantiosas pérdidas del holding "las vamos a pagar todos los españoles".

El debate sobre el aborto

En cuanto al primer debate parlamentario tras las vacaciones de agosto, el que se celebrará el próximo miércoles en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso sobre la despenalización limitada del aborto, el Grupo Popular ha remitido al Gobierno un escrito para que dé vía libre, al menos, a dos enmiendas, por una de las cuales se pretende penalizar al médico que no informe debidamente a la embarazada, antes de que tome su decisión de abortar, sobre las ayudas que puede recibir, entre ellas, la adopción del niño. La otra enmienda trata de limitar el denominado aborto terapéutico a aquellos casos en que la salud o la vida de la embarazada no pueda ser atendida por otro procedimiento distinto al aborto.Al margen de la opinión gubernamental -el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, estudió el viernes, con varios de sus asesores, las enmiendas del Grupo Popular-, los ponentes socialistas no son, en principio, propicios a introducir en el Código Penal unas obligaciones para los profesionales de la medicina que estiman, según señaló un portavoz socialista, "extrajurídicas y más propias de un código deontológico que de un Código Penal".