La reforma de la Seguridad Social, descartada una ley-marco, será paulatina y empezará por los presupuestos de 1984

Descartada ya por el Gobierno una ley-marco para reformar la Seguridad Social, están siendo ultimadas disposiciones que cubrirán el mismo fin. Pero los objetivos empezarán a ser cubiertos con los presupuestos del sistema de protección para 1984, que estudiará en próxima reunión el equipo económico del Gabinete. Media docena de proyectos legales pueden llegar al Parlamento antes de fin de año: los de igualdad jurídica del hombre y la mujer, subida automática y reordenación depensiones, servicios sociales, protección familiar y fondos de pensiones. Otras medidas tendrán menor rango e importancia externa, como las relativas a patrimonio, contratación, prejubilaciones y procedimiento administrativo.

La reforma de la Seguridad Social fue intentada sin éxito por anteriores Gobiernos y trata, fundamentalmente, de remediar un desequilibro económico. Por numerosas causas, comunes a otros países y peculiares de éste envejecimiento de la población y efectos de la crisis económica en la reducción de ingresos y el aumento de los gastos-, se convertirá en uno de los principales retos del programa económico 1983-1986.Los redactores de este proyecto han estimado que, si no se corrigen las tendencias, el déficit o diferencia entre los gastos y los ingresos por cuotas, de 625.700 millones previstos para 1984, aumentaría durante los dos ejercicios siguientes en un billón de pesetas. Para impedir que el Estado deba aportar entonces 1,6 billones -cifra que contribuiría a que el déficit público pase del 6% de la producción de bienes y servicios a un 14% en 1986-, se aplicarán soluciones económicas, necesarias igualmente para los objetivos prioritarios de invertir, exportar y crear empleo, que reclaman reducir las cuotasempresariales.

Como las pensiones y otras prestaciones económicas costarán ya el próximo año dos de los tres billones de gastos presupuestados, la principal vertiente de la reforma estará aquí. Las tres leyes en estudio -fondos de pensiones, revalorización automática y reordenación de las mismas, y protección familiar han suscitado diferencias entre los ministerios de Economía y Hacienda y Trabajo y Seguridad Social.

No será fácil corregir las tendencias de este capítulo de gastos, como lo prueba que el próximo año, con una revalorización media del 8%, crecerá casi el 16%, pese a las medidas que se aplicarán (véase EL PAÍS de 9 de agosto de 1983). Los fondos de pensiones complementarias y privadas han dejado de ser la gran esperanza blanca. Muchos de los fondos creados bajo diversos nombres, que recaudan al año 100.000 millones, están ya en quiebra técnica por el envejecimiento de sus beneficiarios, y se teme que el Estado tenga que socorrer dentro de unos años a éstos y a los futuros. La decisión sobre cómo articular el tercer nivel -los otros dos serían una Seguridad Social mínima, extendida a todos y pasada por el Estado, y un segundo estrato mixto y dependiente de las cuotas pagadas, como el actual- está en manos de Hacienda. Condicionará la definición ¡el primer nivel -se ha estimado que una pensión de jubilación mínima, con un tercio del salario mínimo elevaría el coste actual en 66.000 millones-, así como el ntermedio o profesional, que debería reducirse del 7,5% del PIB al 6% o 6,5% para dejar actuar a os otros dos.

También han surgido diferencias interministeriales sobre los borradores de ley de protección familiar. Hacienda defiende que os 50.000 millones de pesetas se pongan a su disposición, para entregarlos a los contribuyentes indirectamente, como aumento de desgravaciones. En cualquier caso, el ahorro será mínimo, y lo seguro es que ya en 1984 subirá la ayuda por hijos, bajará la del matrimonio y se suprimirá la de la mujer, por el principio constitucional de no discriminación. Al mismo principio responde la ley de igualdad jurídica, que será la primera en, llegar a las Cortes y determinará las anunciadas pensiones para viudos.

La creciente dependencia entre Hacienda y Seguridad Social enmarcará la reforma de los ingresos, en los que se pretende una mayor fiscalización y relación con los impuestos, debido a que parte de las cuotas empresariales serán sustuidas por el IVA o el de la renta. Otros cambios, ya esperados para 1984 (EL PAÍS de los pasados días 16 y 25), redistribuirán la carga y suprimirán déficit en diversos regímenes. Mientras en el general de la industria y servicios, con más de diez millones de personas, el juego de la mayor reducción de cuotas y la menor elevación de bases incrementará los ingresos en menos del 5%, en otros las subidas serán enormes: casi 40% en agrario y autónomos, 375%. en escritores), como puede observarse en el cuadro adjunto. Pese a ello, el déficit del agrario seguirá excediendo al medio billón de pesetas, debido al volumen de población y a que cobra la quinta parte que el general.