La Xunta de Galicia quiere participar en las negociaciones sobre las autonomías

Galicia no asumirá los compromisos que puedan firmar la Administración central y las comunidades vasca y catalana, si no se cuenta con ella en todo el proceso de negociación. "No asumiremos sus compromisos", dijo ayer el portavoz y vicepresidente político de la Xunta, José Luis Barreiro, ante las noticias de tales negociaciones, "y actuaremos con los criterios a nuestro juicio más favorables para Galicia, dentro siempre del marco legal, pero forzando la correcta interpretación de nuestro estatuto; porque no podemos tolerar que nuestra comunidad histórica sea discriminada a la hora de formular la política autonómica de España", añadió.

El Gobierno gallego, que tras su reunión plenaria el pasado jueves, mostró la necesidad de establecer un diálogo comunidades autónomas-Administración central, para sentar las bases del nuevo Estado, y que ofreció su colaboración para ello, parece dispuesto a no renunciar a ninguno de los derechos que la Constitución Y el Estatuto otorgan a Galicia. Barreiro añadió que el Gobierno autónomo "no admitirá que Galicia, como comunidad histórica reconocida por la Constitución y por el Estatuto, sea discriminada. La Xunta está dispuesta a hacer valer los derechos de Galicia como comunidad histórica en las condiciones de aportación positiva que recoge su acuerdo hecho público ayer tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA".

Necesidad de un acuerdo

Para el vicepresidente gallego, esta apertura de diálogo del Gobierno central con vascos y catalanes reconoce de hecho la necesidad de que la política autonómica nazca del acuerdo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Pero lo que resulta incomprensible es que, reconocida esta necesidad de diálogo, se inicie sólo con esas dos comunidades y se ignore a las demás". "La posición del titular de Administración Territorial del Gobierno central", añadió, "parece reconocer que la única vía para la apertura de diálogo es la que viene provocada por las presiones y no por la aceptación de los ofrecimientos serenos al diálogo".Para Barreiro Rivas, resulta "grave" que a las ofertas de diálogo "se le responda conel silencio y la ignorancia", ya que "las consecuencias políticas que de este hecho se deriven son responsabilidad de quienes no sólo desconocen la existencia física de una comunidad como la gallega, sino que desconocen con los hechos el propio texto constitucional". Asimismo, resulta peligroso que, "tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, el camino que se presente para la formulación de la política autonómica de España se inicie con discriminaciones entre comunidades".