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La futura Ley de Aguas enfrentará a ayuntamientos, diputaciones y confederaciones hidrográficas

Cara a un muy próximo futuro -para septiembre u octubre a lo más- se va a plantear en España una verdadera guerra del agua. La Administración central ya tiene preparada la ley de Aguas. Una ley de la que se viene hablando desde hace lustros y que nunca llegó a buen puerto. Muchos son los intereses en juego y muy encontrados (ayuntamientos, diputaciones y confederaciones hidrográficas, entre otros), a los que ahora habrá que sumar los que se deriven de las competencias que en este asunto han o vayan a asumir las comunidades autónomas, que en muchos casos están geográficamente ubicadas en más de una cuenca hidrográfica. Los trasvases, el caso de las aguas privadas de Canarias, el tratamiento de aguas negras serán, entre otros, temas de la mayor conflictividad.

El problema del abastecimiento y saneamiento de aguas en nuestro país es un tema de infraestructura por resolver. Pero el asunto del agua, cada día un bien más escaso y necesario, no se agota en el abordaje en su problemática de abrir el grifo y que mane el preciado líquido. Ese es un fin último que debe pasar por un intrincado laberinto de intereses.Hoy el tema del abastecimiento de aguas tiene tres actores o gestores: ayuntamientos, diputaciones y Estado. Ahora se introduce un cuarto elemento gestor: las comunidades autónomas. Y ya se anuncia el primer gran conflicto. Si la gestión del agua va a correr a cargo de esas comunidades autónomas, vamos a asistir a gravísimos enfrentamientos.

¿Quién va a mandar en el agua? En primer lugar, el espacio territorial de una comunidad autónoma no coincide con el de las confederaciones hidrográficas. Si el Estado renuncia a una gestión unitaria e integral de los recursos hidráulicos se produciría un taifas imbebestible. Sobre el tapete un tema trascendental: el de los trasvases. Basta ver lo que está sucediendo con el Tajo-Segura para saber que la sangre llegaría al río sin el arbitraje estatal. ¿Debería tratarse sólo entre las comunidades autónomas interesadas? Ello llevaría a que en el Tajo-Segura tendrían que intervenir cara a cara las comunidades de Castilla-León, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, por un lado, y las de Murcia, Valencia, Andalucía, de otro, cada cual con intereses muy distintos. ¿Y qué pasaría ante un trasvase del Ebro a Cataluña? Cataluña y la comunidad valenciana contra Aragón, Cantabria, Euskadi, la Rioja y Navarra y hasta parte de Burgos (Castilla-León). Y la propia comunidad madrileña, que absorbe hoy agua de ambas Castillas.

Al parecer, la Administración desea llevar esa gestión unitaria e integral haciendo que haya representantes de las comunidades que compartan competencias, pero impidiendo que las mayorías se impongan sobre las minorías. "Hay gestiones compatibles..., pero no compartibles", nos han dicho en el MOPU. "Las confederaciones, un bien antiguo y precursor en toda Europa de la gestión del agua, no pueden ponerse en peligro ni ser vaciadas de contenido". Esa es la madre del cordero.

Otro grave tema conexo con el discurrir del agua es el de la cada vez más necesaria depuración de la misma. "No se puede tolerar que tal o cual núcleo industrial, urbano, etcétera, siga arrojando porquería aguas abajo". Una comunidad no se muestra muy sensible con lo que sucede aguas abajo. A ella le importa tan sólo que el agua que recibe esté limpia y sea salubre.

Mayores medios fiscalizadores

Se considera que el tema del agua es de tal gravedad que el Estado debe tener unos medios fiscalizadores de mayor importancia, dado que en la actualidad se limita a auxiliar para construir las obras necesarias, pero no fiscaliza nada y la gestión en la explotación de las redes de conducción, tratamiento y depuración de residuales es, por regla general, un caos y un despilfarro. "Por ejemplo", nos decían en el MOPU, "se sabe que un 20% del agua de Madrid se pierde en las cañerías de conducción y ese porcentaje se eleva al 40% en ciudad como Santiago..., o que Zaragoza pierde agua a punta de pala", por el mismo problema .Otro tema en el que se piensa incidir es en el del mantenimiento y buena conservación de los abastecimientos existentes. "Es ridículo", nos señalaban, "que un pequeño núcleo urbano intente que un perito conserve en buenas condiciones sus depósitos 37 vigile su tratamiento y cloración, etcétera. Sus arcas no se lo permiten. Se debe ir a que se mancomunen varios ayuntamientos, pues basta y sobra un perito para atender a las necesidades de todos. Ahora, como no se puede pagar al técnico, los ayuntamientos pequeños dejan que la obra se arruine sin vigilancia".

Otra cuestión que puede levantar enorme polvareda, aunque estrictamente localizada, es el hecho de que las aguas, en el archipiélago canario, sean en su mayoría privadas, lo que viene siendo objeto desde hace decenios de los más grandes abusos, hasta el punto de que en Canarias conocen a los propietarios de las aguas como "Ios aguamangantes".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de agosto de 1983

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