Malestar en Burgos por el traslado a Valladolid del Gobierno castellano

La decisión del Gobierno regional de establecer por decreto la sede provisional de las instituciones en Valladolid, aceptando la oferta del ayuntamiento de esta capital, ha causado un profundo malestar en Burgos y más concretamente en el seno del Grupo Popular, cuya ejecutiva ha anunciado incluso la posibilidad de pedir la separación de Burgos de la comunidad castellano-leonesa y platear una autonomía uniprovincial.Nada más conocerse la noticia, las autoridades burgalesas, alcalde y presidente de la Diputación, así como diputados, senadores y procuradores del Grupo Popular, dirigieron al presidente del Gobierno, Felipe González, un telegrama en el que exponen su indignada protesta por lo que califican de "ilegal infracción del estatuto de Castilla y León y afrenta ultrajante a toda la provincia", informa desde Burgos Ángeles Gil.

A pesar de que esta decisión, trasladar la sede provisional de las instituciones de Burgos a Valladolid, era de esperar -los socialistas nunca han ocultado que Valladolid era a su juicio el sitio más adecuado- las características que han rodeado esta medida, premura, nueva provisionalidad de la sede y vía decreto, no han dejado de sorprender.

El ejecutivo castellano-leonés se instalará en Valladolid a primeros de septiembre, mientras que las Cortes, también de forma provisional, se encuentran en el castillo de Fuensaldaña, a siete kilómetros de la capital vallisoletana, desde donde informa Luis Miguel de Dios.

La sede de la Junta será el antiguo colegio de la Asunción, ubicado en la carretera de El Pinar de Antequera, a tres kilómetros de Valladolid. Se trata de una finca de 42 hectáreas que tiene 7.000 metros cuadrados edificados, un parque, amplias zonas arboladas y jardines. La secretaría de la Junta y los despachos se instalarán en un palacete del siglo XIX.

Para algunos grupos políticos, como el CDS, los argumentos esgrimidos por el PSOE en defensa de la sede en Valladolid son los mismos que se podrían utilizar para elegir Burgos, y los verdaderamente localistas serían los de Valladolid "que están consiguiendo todo el centro regional de Televisión, la comisión de aguas y ahora los órganos de gobierno".

Este miedo a que se de un nuevo centralismo en Valladolid, la ciudad más industrializada y con mayor número de habitantes de la región, es expresado en mayor o menor medida por otros grupos políticos y sindicales, si bien a la izquierda burgalesa, PSOE y PCE, la cuestión de la ubicación de la sede les parece un problema secundario frente a la problemática general de la región. Para ambos grupos, la indefinición del Grupo Popular sobre la sede -la coalición conservadora ha tirado para su casa en Burgos, Valladolid, Palencia y León- había producido una dinámica de bloqueo y justifica el recurso al decreto.

El resto de las provincias castellano-leonesas, salvo Valladolid, han acogido con una cierta indiferencia este traslado de sede, puesto que piensan que el centralismo se produciría igual en Burgos que en Valladolid. Quizá el mayor malestar se haya producido en León, donde algunos sectores esperaban también que alguna de las sedes se estableciese allí.