El Gobierno no construirá ni autorizará nuevas autopistas, según el ministro de Obras Públicas

El Gobierno tiene planteado modificar la actual legislación sobre carreteras y en cualquier caso considera Imposible la construcción de nuevas autopistas e incluso la terminacion de nuevos tramos en algunas que ya están en funcionamiento, manifestó Julián Campo, ministro de Obras Públicas y Urbanismo, en el acto de inauguración oricíal de la autopista León-Campomanes. El Patrimonio del Estado será el propietario efectivo de Aucalsa y de Autopistas del Atlántico en el próximo mes de septiembre, prácticamente en el mismo tiempo en que se calcula finalizárán las negociaciones que se mantienen con el Fondo de Garantía de Depósitos en entidades bancarias para lograr la fusión de Acesa y Acasa y su paso a la nueva Empresa Nacional de Autopistas, en la que se integrarán las cuatro sociedades.

Julián Campo inauguró ayer oficialmente el tramo León-Campomanes de lo que hace ocho años se pensó llegaría a ser la autopista Madrid-Asturias, como aún figura en los planos generales que la sociedad concesionaria tiene en el centro de control de tráfico de dicho tramo. El ministro de Obras Públicas señaló que el Gobierno tiene la intención de modificar la legislación sobre carreteras y que no se contempla para la actual legislatura, cuando menos, el inicio de ninguna nueva obra de construcción de autopistas, ni por parte estatal ni mediante concesión a posibles iniciativas privadas.La inauguración del nuevo tramo de autopista, aproximadamente 40 kilómetros de los 97 que tiene la nueva vía abierta de comunicación entre la meseta y Asturias, tiene una clara justificacíón extraeconómica, en opinión del ministro, ya que es una reivindicación histórica de Asturias el tener un acceso mejor. Ello no implica, según Julián Campo, que los elevados recursos que la sociedad va a tener que destinar para absorber los déficit de explotación -5.000 millones de pesetas anuales- no hubieran podido destinarse a otras actividades. La explicación última que Julián Campo daba ayer para justificar la terminación de las obras de un proyecto claramente antieconómico era que el 95% de la inversión estaba ya realizada y que no puede desmontarse, como en algunas ocasiones es posible en otro tipo de actividades.

El ministro señaló que la decisión del Consejo de Ministros de adquirir la totalidad de las acciones de Aucalsa, sociedad concesionaria de esta autopista, como las de Autopistas del Atlántico, por el valor del capital efectivamente desembolsado y con pago en la fecha de expiración de la concesión, no había sido buscada por el Gobierno, sino que era la única alternativa posible. Julián Campo indicó que el coste real de inversión de esta autopista había sido de 50.000 millones de pesetas -700 millones por kilómetro construido-, que suponía el más elevado de todas las autopistas españolas.

La culpa del dólar

Los recursos necesarios para llevar a cabo esta inversión se han obtenido básicamente en los mercados internacionales, y de ellos 47.000 millones de pesetas de los 36.000 tienen el aval del Estado y sólo 1.500 millones proceden de créditos interiores. El capital desembolsado por los accionistas es de 6.500 millones.El presidente de Aucalsa intervino en la conferencia de prensa posterior a la inauguración oficial para señalar que se está realizando una auditoría externa de la sociedad y que la causa fundamental de la crisis de la sociedad que ha obligado a su nacionalización, se ha debido a las elevadas cargas financieras que ha tenido que soportar y a la depreciación de la peseta; hasta el momento se ha pagado, en concepto de intereses por los créditos concedidos, 14.000 millones de pesetas que equivalen al 30% de los costes de construcción.

Julián Campo señaló que el acuerdo alcanzado con las instituciones financieras que todavía son accionistas de Aucalsa -Banco Hispano Americano Caja de Asturias y Caja de León- supone que éstas con.ce den a Aucalsa préstamos por 9.500 millones de pesetas a cuatro o seis años de amortización y en condiciones inferiores a las del mercado, con lo que se ha logrado que no tenga que participar el crédito oficial en esta operación.

Empresa Nacional

El delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje ha llevado directamente las negociaciones con las dos empresas nacio nalizadas y con los accionistas privados que han concedido dichos créditos. En su opinión, será en septiembre, y después de que el Consejo de Ministros apruebe formalmente la fórmula elegida para la compra de acciones, cuando el Patrimonio del Estado se hará cargo efectivo de las mismas.Aproximadamente al mismo tiempo habrán finalizado las conversaciones que se mantienen con el Fondo de Garantía de Depósitos para que Acesa, concesionaria de las autopistas catalanas -cuya rentabilidad económica está asegurada- absorba a Acasa, concesionaria de la autopista de Aragón y Cataluña, y cuya situación financiera es similar a la de Aucalsa y Autopistas del Atlántico. Acasa es filial al 99% de Acesa, lo que facilita la operación.

La fusión de estas dos empresas, según el delegado del Gobiemo, aparte de solucionar un problema grave que está planteado exigirá algunas modificaciones en los términos de la concesión primitiva de la primera, para compensar de esta forma una parte de las pérdidas acumuladas por Acasa.

Posteriormente se procederá a la creación de una Empresa Nacional de Autopistas en la que se incluirán las participaciones que el Estado tiene en autopistas. Pasarán a formar parte de ella Aucalsa y Autopistas del Atlántico, además del 56% de Acesa, que está en poder del Fondo de Garantía de Depósitos.

Julián Campo señaló que será entonces el momento de estudiar las distintas alternativas para renegociar la deuda externa de las autopistas nacionalizadas y que, previsiblemente se salga a los mercados internacionales en grupo y con aval total del Estado, en lugar individualmente y con avales del 50% o del 75% -según las condiciones especificadas en los pliegos de adjudicación-, como en la actualidad se viene haciendo.

Con ello se espera una reducción sustancial en los costes financieros que tienen que soportar las sociedades y que son los que las han llevado a la situación de crisis evitada con la nacionalización.