Una nueva red de vigilancias ilegales sale a la luz en las industrias del Vallés Occidental

Varias empresas del polígono industrial Can Jardí, en Rubí, de la comarca del Vallés Occidental (Barcelona), pagan una cuota mensual de 3.000 pesetas a un grupo de personas, presuntamente miembros de la Policía Nacional, que les proporcionan una vigilancia especial, según informaciones de procedencia municipal y empresarial a las que ha tenido acceso EL PAIS un dia despues de que salieran a la luz los casos del Baix Llobregat. Estos servicios incontrolados de vigilancia, -cuyos autores Podrían ser policías nacionales de Sabadell, según los responsables de algunas de las 65 empresas del polígono consultados por este periódico-, podrían tener ramificaciones por toda la comarca del Vallés Occidental.Aunque se desconoce quien dirige en última instancia la red ilegal de vigilancia, está comprobado que funciona como una empresa perfectamente organizada, tal como se desprende de la regularidad de las relaciones que mantiene con sus clientes. EL PAIS ha tenido acceso a la contabilidad de una empresa del Vallés donde se especifica, con justificantes, el pago de 3.000 pesetas mensuales en concepto de vigilancias especiales. En otra de las empresas guardaban justificantes de los pagos, que experimentan incrementos anuales según el coste de la vida.

El directivo que denunció el caso alentado por las informaciones referentes a la irregularidad de estas prácticas en el Baix Llobregat, explicó que "hace tres años que estoy pagando, y casi todas las empresas de los polígonos industriales de la comarca hacen lo mismo".

Cobro por banco

Según ese empresario, "hasta ahora consideraba lógicos esos pagos, pero al leer que las vigilancias especiales remuneradas a base de policías son ilegales creí que habia llegado el momento de denunciar el caso". El empresario, que media hora antes de recibir a EL PAIS había pagado las tres mil pesetas correspondientes a julio, detalló que "hasta diciembre de 1982 pagué los recibos a través del banco, pero luego empezaron a cobrar a mano". "Tras efectuar el pago en metálico me entregan este recibo", explicó, mientras mostraba un pequeño impreso en el que se incluía el nombre de su empresa, la fecha de pago y una rúbrica. Este recibo, a diferencia de los de pagos tramitados a través del banco, no especificaba el concepto seguridad especial".Algunos pagos a través de entidad bancaria fueron hechos en la agencia del Banco Comercial Trasanlántico (Bancotrans), de Rubí. El director explicó a EL PAIS que desconocía el trasfondo del tema y que el mecanismo bancario dificulta conocer la identidad de las personas que pudieran haber cobrado esos pagos hace unos meses.

El responsable de fábrica de otra empresa del polígono también reconoció a este periódico la existencia del servicio de protección y el pago mensual de tres mil pesetas "desde hace varios años" y aseguró que estaba contento del servicio "porque por tres mil pesetas estoy muy tranquilo"."Si tuviera que contratar una empresa de vigilancia especializada me costaría mucho más caro. Quizá sea una irregularidad, pero lo cierto es que no nos podemos quejar".

Miquel Llugany, alcalde de Rubí, no se mostró soprendido cuando se le puso en conocimiento de lo que ocurría en el polígono Can Jardí: "Se trata de una empresa con policías nacionales de Sabadell que por las tardes se dedican a vigilar zonas industriales". Luego subrayó que en la población sólo hay 36 urbanos y que, por lo tanto, la vigilancia policial "no puede ser muy efectiva".

Por citar un ejemplo, el alcalde de Rubí explicó que para los treinta mil habitantes de su localidad sólo hay dos coches patrulla por las calles, por lo que la gente estima que "cualquier tipo de vigilancia nos es positiva". También dijo que "el problema de Can Jardí es que hasta 1981 los urbanos no vigilaban las calles del polígono porque no era zona urbana", lo que sin duda aprovecharon los organizadores de las actuales vigilancias especiales para montar su negocio.