El Gobierno conservador de Margaret Thatcher intenta reducir el poder de los sindicatos
Los sindicatos británicos corren el riesgo de perder el papel decisivo que han venido jugando en la historia del Reino Unido. A la vuelta del verano tendrán que utilizar todas sus armas para luchar contra un proyecto de ley que pretende desposeerles de su tradicional fuerza y poderío. Las trade unions, los sindicatos que llenaron de admiración un día a los movimientos obreros de toda Europa, hacen frente a una de las batallas más duras de su historia. Si pierden, pueden dejar de ser uno de los principales pilares del sistema social británico. El Gobierno conservador de Margaret Thatcher, que quiere aprovechar el impacto de su reciente y aplastante victoria electoral, no les va a dejar el menor respiro.Desde que accedió al poder por primera vez, en 1979, la primera ministra británica, ha ido dando pasos para recortar el poder de las trade unions. El espectacular resultado electoral del pasado mes de junio le autoriza, al menos eso cree, a lanzar el ataque decisivo. Para ello, Thatcher ha mantenido en el Ministerio del Empleo a uno de los halcones más significativos de su partido: Norman Tebbit, un hombre de extrema dureza, pese a sus modales contenidos, que comparte al cien por cien el pensamiento de la primera ministra.
Tebbit ha presentado el proyecto de ley que someterá a la Cámara de los Comunes nada más rehacerse el Parlamento. Fundamentalmente, contempla tres imposiciones. Primera, antes de convocar una huelga, el sindicato en cuestión deberá someter la propuesta a sus afiliados, en votación secreta. Segunda, los dirigentes del sindicato deberán someterse a un proceso electoral cada cinco años. Tercera, los fondos que se dedican a proporcionar apoyo político -siempre destinados al partido laborista- deberán ser objeto, al menos cada 10 años, de un debate entre todos los afiliados, las líneas generales de su empleo.
Carga explosiva
Aunque sobre el papel parezca destinada únicamente a garantizar la vida democrática de los sindicatos, la ley lleva implícita una carga explosiva. En época de crisis y de alto índice de desempleo, resulta muy dificil que los afiliados a un sindicato, sometidos a una enorme presión a través de los medios de comunicación, voten huelgas de solidaridad con otros sectores productivos o incluso huelgas de apoyo a sus propios compañeros de sector. La ley establecerá el carácter obligatorio de dichas votaciones. Quiere decirse que, sin previa consulta, los sindicatos no podrán declarar una huelga legal. Y si la huelga no es legal el sindicato se arriesga a perder su inmunidad y puede verse obligado a responder a demandas civiles por daños y perjuicios. El nerviosismo de las trade unions es patente. El secretario general del TUC (organismo central de todos los sindicatos), Len Murray, salió inmediatamente al paso del proyecto de ley: "El ministro de Empleo utiliza argumentos falsos. Afirma que se trata de reforzar los procedimientos democráticos de las trade unions, pero cualquier demócrata sabe que el primer principio a respetar es la autonomía del movimiento sindical. Deben ser los propios sindicatos, en su congreso, quienes decidan cómo quieren organizar sus actividades".El resultado de la batalla sindicatos-Gobierno reviste una gran importancia para Margaret Thatcher. Los indicadores económicos señalan que el índice de desempleo puede seguir subiendo, superando la cuota de 3,5 millones de parados en que se encuentra actualmente.
Los sindicatos se sienten exasperados ante la política económica gubernamental, y esa exasperación se ha incrementado a la vista de los últimos resultados electorales. Los conservadores van a permanecer en el poder cinco años más, y su gran mayoría parlamentaria les garantiza una cierta impunidad.
12 millones de afiliados
Las trade unions cuentan con su poderío actual, más de 12 millones de afiliados, para intentar abrir una negociación con el Gobierno. Algunos sectores del partido conservador pueden apoyar también la apertura de este diálogo. Personalidades como James Prior o Francis Pym estiman que las trade unions no son tigres de papel, como cree Margaret Thatcher, y que habrá que contar con ellos si es verdad que el Reino Unido puede iniciar una recuperación económica en los próximos años.La primera ministra no parece compartir este criterio. Para ella, el auténtico enemigo histórico de los conservadores no es el partido laborista, sino los sindicatos, y eso pese a que la peculiar estructura de las trade unions hace que más de un tercio de sus afiliados voten tory en las elecciones generales.
Las trade unions británicas son un movimiento sindical prácticamente único en Europa. Al contrario de lo que sucede en España, Francia o Italia, en el Reino Unido no hay diferentes organizaciones sindicales vinculadas a una o a otra ideología política. En el Reino Unido existe un único sindicato por cada actividad laboral concreta.
